“Tenemos como sector productivo de regiones una crítica muy profunda a la forma y el fondo de cómo se está tramitando la nueva Ley de Pesca. Se busca un logro político más que una regulación justa y equitativa” dijo esta tarde Macarena Cepeda Godoy, Presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío tras participar por segunda vez (en casi un año de tramitación) en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.
La ejecutiva gremial desistió de hacer una presentación técnica y jurídica para intentar explicar y defender los puntos de vista del sector pesquero industrial de la zona centro sur y se limitó a leer una carta a los parlamentarios de la instancia.
Macarena Cepeda señaló frente a la Comisión que “a pesar de que se ha manifestado la necesidad de discutir esta Ley con transparencia y de forma democrática, equitativa y justa, desde que comenzó esta parte de la discusión, se habrán escuchado hasta hoy unas 20 organizaciones artesanales y sólo 2 industriales. Esa inequidad e injusticia también la vivimos en el proceso anterior que fue dejado de lado para concentrarse en exclusiva en los fraccionamientos vigentes.
Agregó que “el corazón de toda regulación pesquera es saber conciliar los intereses contrapuestos de los sectores artesanal e industrial y por lo tanto esta discusión es la más relevante de los últimos 10 años, pero sin duda también de la próxima década. Entonces fijar la discusión con suma urgencia, literalmente a toda velocidad y sin una amplia participación y escucha a técnicos, científicos y voces autorizadas, más parece un diseño para alcanzar un logro político a toda costa, que una regulación justa, que genere desarrollo y que nos prepare para el futuro”.
La Presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío dijo que “hace una semana el Ministro Grau presentó en Concepción un plan para recuperar la industrialización y el crecimiento en Biobío, ello porque hay conciencia que el Biobío atraviesa una profunda crisis socio económica, la que se ve agudizada por el cierre de Huachipato. Sin embargo, mientras el Gobierno, con una mano intenta impulsar y sacar adelante mi región, a través del fortalecimiento de la pesquería del jurel para consumo humano, e intentando dar certezas para atraer una mayor inversión privada, con la otra, en el Congreso, se tramita una legislación que va en sentido totalmente contrario.
A su vez la representante gremial explicó que “romper los fraccionamientos vigentes no sólo es un problema jurídico mayor, sino que, al aumentar la porción artesanal, particularmente en el caso del jurel, este tiene como destino la fabricación de harina de pescado y no los alimentos que incorporan mayor valor agregado y alta demanda de mano de obra. Es decir, significaría un retroceso para la industria de alimentos ligada a la pesca en la misma región que se busca impulsar esta actividad. Un verdadero contrasentido”.
Macarena Cepeda señaló al ser consultada tras la sesión que “queremos levantar una voz de alerta, pues observamos con preocupación que no somos el único sector económico o empresarial de Chile que está siendo atropellado en sus derechos, lo que comprometerá el desarrollo del país por muchos años de no mediar el regreso de la cordura normativa y el diálogo sincero”, finalizó la dirigente gremial.
Estatus de la tramitación de la nueva Ley de Pesca
– Los primeros días de septiembre el Gobierno tomó la decisión de enfocarse sólo en tramitar con urgencia el fraccionamiento de las cuotas de captura entre el sector industrial y artesanal.
– La razón expresada por el Ejecutivo fue la preocupación por la “lenta” votación del proyecto de ley en su conjunto que no estaba permitiendo “resolver a tiempo este asunto”, según expresó en su oportunidad el Ministro Grau, a menos de un año de ingresada la proposición del Gobierno.
– La tramitación de la Ley de Pesca en la respectiva comisión había tenido el tránsito habitual para una iniciativa en extremo compleja y sobre la cual se definió a priori escuchar a los incumbentes durante la tramitación. Por ende, es explicable y hasta razonable la lentitud que denuncia el Ejecutivo.
– El cambio de la estrategia legislativa significó comenzar a tramitar exclusivamente el artículo 16 de la propuesta de ley del Ejecutivo, el cual fue presentado como un proyecto aparte para tramitarse como una ley aparte de artículo único.
– En la práctica, el ejecutivo abandonó la tramitación de un proyecto de ley que buscaba “mejorar al país pesquero en su conjunto”, según explicó al ingreso de la iniciativa.
– Desde el inicio, la pesca industrial alertó que la tramitación de un proyecto de regulación de recursos naturales es compleja, que técnicamente requiere mucho análisis y escucha de expertos, pero que por, sobre todo, debe cautelar intereses contrapuestos.
– Sin embargo, el Ejecutivo optó por no hacer trabajo pre-legislativo, una práctica habitual y técnicamente deseable y definió hacer “diálogos” con los actores a lo largo de Chile y luego “recibir” a los actores durante la tramitación. Sin embargo, el sector industrial sólo pudo participar en 1 de cada 10 encuentros y ninguna de sus propuestas fue acogida.
– Cabe señalar que el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric consideraba la “anulación de la corrupta Ley de Pesca y apoyar y proteger a la pesca artesanal frente a la pesca industrial.”
