Mucho se ha hablado del “royalty” esta semana, pero poco se explica qué significa, porqué se llama así, su origen y en qué consiste.
Pues bien, significa realeza o regalía, y consistía en el pago que se efectuaba al Reino o titular de un derecho, a cambio de usarlos o explotarlos. Como toda palabra importada, la adecuamos a nuestra realidad reemplazando derecho por recurso minero y Reino por Estado. Es decir, es una regalía que debe pagar quien explota un recurso no renovable de un país para poder extraer, en este caso los minerales. Y se les paga a todos los chilenos, a través de los pagos al Estado.
Hoy en Chile tenemos un Impuesto Específico a la Actividad Minera, que algunos han pretendido llamar royalty, el cual tiene dos grandes falencias:
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1.- Se cobra sobre las utilidades de las empresas mineras, tal como el impuesto a la renta, con tasas variables sobre su renta operacional minera, y como ocurre con las elusiones que permite nuestro régimen tributario terminan pagando mucho menos impuesto del que debieran; como muestra algunos de estos beneficios: depreciación acelerada, la amortización de gastos de organización y puesta en marcha, la devolución del IVA exportador, crédito del 4% sobre el valor de los activos nuevos, imputables al tributo de primera categoría o la imputación del valor de las patentes mineras a los PPM obligatorios. Esto es especialmente grave si consideramos que lo que extraen y venden no son servicios ni productos creados por estas empresas, sino son los recursos naturales de Chile no renovables.
2.- Y el otro problema es que exportan nuestro cobre dentro de un concentrado de distintos minerales, lo que, si bien tiene un recargo, el mismo no compensa la pérdida de otros minerales como son el oro, la plata, el molibdeno, etc. Suma a lo anterior la pérdida de oportunidades de trabajo que se pierden en nuestro país al no exigir refinarlo dentro de Chile. Mientras más se elabore en Chile, mayor valor agregado tiene, y más trabajo genera en el país.
Lo que se acaba de aprobar esta semana en la Cámara de Diputados es un verdadero royalty, esto es, un porcentaje aplicado a las ventas de nuestro cobre, no a las utilidades de las empresas mineras como es hoy, con lo que se impide que a partir de los manejos contables de estas empresas se eluda o se disminuya el real pago por la extracción de nuestro cobre. Asimismo, se establece una serie de reducciones en la tasa de impuestos si las mineras lo refinan en Chile, esto es, mientras más elaborado el cobre que se exporta, más bajo será el royalty, generando así oportunidades de trabajo.
Como lo señaló Christopher Sheldon en marzo de este año, gerente de Practica Global de Energía e Industrias Extractivas del Banco Mundial: “debido a que la minería involucra la extracción de recursos no renovables, es común que además de las tasas corporativas regulares (que aplican a cualquier actividad económica) las actividades mineras incurran en el pago de un royalty basado en el valor de los minerales extraídos.” Revisando algunas legislaciones en el mundo, encontramos, por ejemplo, Noruega, Australia, algunas provincias de Canadá y Perú, entre muchos países, que cobran royalty por las ventas, no las utilidades.
Según datos duros proporcionados por el Anuario de Estadísticas del Cobre de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), del total de impuestos pagados por la Gran Minería, la empresa privada del Cobre ha aportado a las arcas fiscales un 41%, mientras que Codelco ha ingresado al erario un 59%, siendo que esta última solo tiene un 30% de la producción nacional. Es decir, Codelco aporta proporcionalmente tres veces más en impuestos que los privados. La respuesta es obvia: Codelco no elude impuestos.
Y si Codelco, a pesar de este gran pago impositivo, sigue siendo una empresa rentable, no hay razón para temer que este cambio tributario pudiera generar una caída en la inversión minera privada, más aun considerando que estos miedos provienen de los mismos sectores políticos que nunca quieren cambiar nada, y que curiosamente tienen más conflictos de interés con la gran minería.
Como país hemos tomado conciencia que necesitamos un piso mínimo de dignidad para construir lo que la gran mayoría reclamó en las calles y plasmó abrumadoramente en el último plebiscito, pero esto no se logra solo cambiando leyes sino arribando recursos al Estado para que se destinen al desarrollo del capital humano en derechos sociales, particularmente educación.
Nadie propugna terminar la inversión o la empresa privada minera, pero paguen lo justo. Nuestra ciudadanía ya comprendió la magnitud de nuestras falencias como país reclamada en el estallido social, requerimos cambios para nuestro Chile en protección del bien común y para eso, quienes pueden y deben aportar más, por fin lo hagan sin refugiarse en tecnicismos tributarios que solo acrecientan sus bolsillos en perjuicio del Estado, o para que quede más claro, en perjuicio de los chilenos.
José Ignacio Cárdenas Gebauer
