Soy trabajador de Solenor, una empresa radicada en Atacama, y escribo con profunda preocupación. Mientras la región enfrenta un 10,4% de desempleo, nuestra operación está paralizada desde hace más de un año porque la Seremi de Salud no ha otorgado un permiso clave para funcionar. Esta demora ya provocó el despido de 50 compañeros y ha dejado a decenas de familias en la incertidumbre.
Como si no bastara, la propia Seremi ha derivado a nuestros potenciales clientes a una empresa de Santiago, debilitando aún más a una industria local que cumple con todos los requisitos técnicos para operar.
Por eso valoramos que la Contraloría Regional haya intervenido y haya exigido explicaciones a la autoridad sanitaria. La fiscalización es una señal de que las instituciones pueden escuchar a los trabajadores cuando sus voces son ignoradas.
No pedimos favores. Exigimos reglas claras, decisiones justas y un compromiso real con el desarrollo de Atacama. Ya es hora de que el Estado deje de poner trabas a quienes queremos construir un futuro desde las regiones.
