La actual Constitución establece que es deber del Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles. Sin embargo, según plantea la abogada y doctoranda en derecho, Natalia González Cifuentes, la pandemia ha demostrado una vez más las profundas desigualdades que se dan en el sistema educativo chileno, “justamente provocado por la falta de recursos de la educación pública”.
“Para quienes hemos pasado por el sistema de educación pública, ya sea como alumnos o como apoderados, la realidad de falta de recursos no es algo nuevo. Hay problemas de mobiliario, con las instalaciones sanitarias, filtraciones de agua en los techos y a pesar de todos los problemas de infraestructura, vemos como los docentes hacen lo mejor que pueden, a pesar de la ausencia de recursos. Pero esa entrega, no es solo porque es un trabajo, sino porque hay una vocación y un compromiso por transformar nuestro país, partiendo desde la educación y el trabajo que desarrollan desde las salas de clases” afirmó González, quien es candidata a la Convención Constitucional por el Maule Norte.
A juicio de la profesional, quien es voluntaria en la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), debido a esa entrega que tienen los docentes es que resultan tan ofensivas las declaraciones que hace unos días emitieron tanto el senador Iván Moreira como el titular de Economía, Lucas Palacios. “Por eso cuando un parlamentario dice que los profesores han estado de vacaciones todo el año o un ministro dice que el caso de los profesores chilenos da para un estudio, uno se pregunta si no es ese parlamentario el que lleva años de vacaciones sobre la realidad nacional o si el caso de estudio no es la miopía del poder ejecutivo que ha empujado una vuelta a clases sin que las comunidades educativas tengamos alguna claridad respecto de temas tan importantes como son los horarios de ingresos, los aforos dentro de las sales de clases, conocer si los espacios se reacondicionaron habilitando lugares para que los estudiantes, docentes y administrativos, coman durante la jornada, cumpliendo con las condiciones sanitarias mínimas para evitar los contagios de COVID-19”.
La abogada recalcó que hay que considerar que, si bien el proceso de vacunación ha ido avanzando, este no debería ser el único factor para decidir o no el retorno a clases presenciales. “Por ejemplo, nadie ha hablado del transporte de los estudiantes hacia los establecimientos o acerca de quienes ejercen la labor de cuidadores mientras no están en el colegio. Porque en muchos casos esa función es desempeñada por abuelas y abuelos, mientras los padres trabajan, quienes son adultos mayores y como sabemos ellos son los más afectados en caso de enfermar de COVID-19. Cuesta entender entonces que esta necesidad que ve el Ministerio de Educación de volver a las clases presenciales no se analice considerando esta multiplicidad de factores”, afirmó.
