Es frustrante constatar como un sector minoritario de la convención está empeñada por ensuciar este precioso momento histórico sin trepidar en abrir espacios de dudas entre los chilenos en desmedro de los acuerdos que Chile clama.
Ya son varias semanas que hemos sido testigos como los sectores del rechazo han inundado las redes sociales con una serie de mitos como que “la Convención se ha atribuido facultades que no tiene”, “la Convención no ha hecho nada”, “la Convención es un show”, y esta semana “la Convención se está subiendo el sueldo”.
A pesar de estos agoreros del extremismo, en casi mes y medio la Convención ya dio muestras de respetar las reglas dadas, donde más allá de minoritarios intentos en un sentido adverso, lo cierto es que los constituyentes ya han ratificado su respeto a las reglas establecidas, prueba de ello fue la declaración de los presos de la revuelta que, más allá de estar de acuerdo o no, confirmó el respeto al poder constituido.
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Del mes y medio de convención, la primera semana fue perdida por culpa de la ineficiente instalación gubernamental, y todos sabíamos que antes de iniciar la discusión de fondo era fundamental la creación del Reglamento que regule desde lo más nimio a lo más relevante en la organización interna de 155 personas. Junto al avance de este trabajo, ya están creadas y trabajando cada una de las comisiones de Reglamento, Ética y Presupuesto, derechos humanos, comunicaciones, participación y consulta indígena, participación popular y descentralización territorial.
La afirmación sobre “show” de la convención frente al derecho de constituyentes de pueblos originarios para hablar en su idioma materno, sirvió para visibilizar la connotación racista, inculta y colonialista de una parte minoritaria de los constituyentes, sin comprender que el Chile del futuro exige un trato de iguales entre naciones que coexisten en un mismo país. Querámoslo o no, los pueblos originarios han sido objeto de siglos de abuso hacia su cultura y tradiciones, lo que exige un esfuerzo mayor para crear las confianzas de un camino en conjunto, siendo básico para ello el respecto a sus lenguas.
Y lo ocurrido esta semana ya es la gota que rebasó el vaso. Aprovechando lo sensible que es referirse a dineros públicos, se ha levantado un manto de duda respecto de los sueldos y asignaciones de cada constituyente.
Pues bien, el artículo 134 de la actual Constitución dispuso un sueldo bruto de 50 UTM para cada constituyente, “además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención”, es decir, las asignaciones no son sueldos y solo estos últimos fueron regulados con monto. Las asignaciones, que corresponden a viáticos, asesorías y gastos operativos, no se encuentran fijadas y por mandato constitucional debe ser discutido dentro de la Convención para dejarlo plasmado en el Reglamento.
Por su parte, la ley del presupuesto asignado, al cual la Convención debe sujetarse en su monto final, consagra las reglas de flexibilidad presupuestaria, esto es, que se puedan reasignar las partidas sin alterar el total del presupuesto. Cualquier estimación que la ley de presupuesto haya hecho a las asignaciones, es solo eso, una estimación, ya que por mandato constitucional del artículo 134 citado, lo que prima ante cualquier ley es la Constitución, , y esta obliga a discutirlo dentro de la Convención.
¿Qué es lo que se ha reasignado entonces?: hotelería, servicios de cafés, transportes, entre los gastos más cuantiosos administrados por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. A cambio, se le entrega un viático a cada constituyente con tope y obligación de rendir.
Asimismo, respecto de las asesorías, recuerdo cuando hace muy poco quienes alentaban el rechazo a la nueva Constitución decían entre sus argumentos que ¿cómo era posible que se le entregara la redacción de la nueva constitución a personas sin estudios calificados para ello? Más allá de lo clasista de tal afirmación, se les respondió hasta la saciedad que quienes la redactan son los asesores que colaborarían con cada constituyente. Pues bien, ahora, incomprensiblemente, los del rechazo critican las asesorías… lo acordado finalmente en la Convención fue asesores sin vínculos de parentesco con los constituyentes y que la calificación de cada asesor quede entregado a las necesidades de cada convencional.
Finalmente, se ha criticado también el monto de las asignaciones acordadas que alcanzará 77 UTM, esto es, aproximadamente $4.100.000 a rendir. Solo a modo de comparación, las asignaciones de un diputado en Chile ascienden a 13 millones y las de un senador a 24 millones de pesos.
En fin, tales asignaciones deben ser financiadas por el Estado a fin de evitar toda discriminación entre aquellos que si pueden pagarlas por sí mismo o tienen grupos de apoyo ya establecidos (partidos políticos y sus centros de estudio por ejemplo), y quienes no, como es el caso de constituyentes de menos recursos e independientes.
“Miente, miente, que algo queda”, conocida frase atribuida a Goebbels o incluso antes, a Medion de Larisa, un consejero de Alejandro Magno … el punto es que lo que queda no es opción, no existe plan B constitucional, razón más para medirse por parte de quienes se han empeñado en torpedear la Convención simplificando la discusión a falaces mitos y caricaturas con lo que mañosamente buscan obtener las adhesiones que las urnas no les dio.
