SAN CLEMENTE. – “Me empujaron”. Esa fue la frase que un niño de 5 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) dijo sobre la camilla de un servicio de urgencias, luego que —según denunció su madre— sufriera una agresión por parte de tres funcionarias del jardín infantil “Piececitos de Ángel” de San Clemente, incluyendo su directora.
El hecho habría ocurrido el 3 de diciembre de 2024, cuando el menor supuestamente fue arrastrado, pateado y empujado por mostrar signos de desregulación emocional, algo común en niños con esta condición. La razón de la descompensación: la negativa de las mujeres a darle un vaso de agua.
“Duele no haber estado ahí. Una cree que los jardines son lugares protegidos, pero mi hijo fue golpeado por quienes debían cuidarlo. Estas personas se aprovecharon de su condición, pensando que él no podría contar lo que pasó”, narró la madre del menor.
Tras el episodio, el niño fue atendido en el Hospital Regional de Talca, donde un médico constató hematomas en piernas y brazos, además de un traumatismo en la cabeza. La madre denunció el caso en Carabineros, quedando la causa en manos del Ministerio Público, con diligencias encargadas a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Superintendencia de Educación.
“Piececitos de Ángel” recibe recursos de la Junji, pero depende administrativamente de la municipalidad.
Nadie la ha llamado
Pese a la gravedad de la denuncia, la mujer sostiene que ningún organismo público se ha comunicado con su familia para informar el avance o los resultados de las investigaciones.
“No me ha llamado nadie. Ni de la Superintendencia, ni del municipio, ni del jardín. Me enteré por la prensa que se había cerrado el sumario. ¿Cómo puede ser posible?”, reclamó.
El DAEM de San Clemente confirmó a Radio Biobío que realizó un sumario administrativo, pero que terminó en sobreseimiento “por falta de pruebas”. Según el propio informe municipal, las trabajadoras acusadas no fueron separadas de sus funciones, ya que el niño fue retirado del establecimiento por decisión de la madre.
La Superintendencia de Educación, en tanto, señaló haber multado al sostenedor por errores en los protocolos de actuación y acompañamiento emocional, pero aclaró que la denuncia ingresó “por oficio”, lo que explicaría por qué la madre no recibió una respuesta formal.
La familia exige a la municipalidad reabrir la indagatoria y revisar los procedimientos de trato y contención de los estudiantes con TEA.
Piden acompañamiento
La periodista Elia Piedras, quien ha seguido el caso de cerca, llamó a aplicar una perspectiva de derechos, porque “resulta inaceptable que una madre deba enterarse por la prensa de los resultados de los procesos administrativos o judiciales vinculados a las agresiones sufridas por sus hijos. Las instituciones tienen la obligación no solo de investigar, sino también de acompañar y proteger a las víctimas en todas las etapas del proceso”.
La también candidata a diputada emplazó al municipio a “reabrir el sumario y determinar quiénes son responsables de las lesiones que fueron acreditadas médicamente, para evitar que más niños sufran maltrato en espacios que deberían ser seguros”.
