Tras la aprobación de la iniciativa, impulsada durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, expresó desde el Congreso Nacional que “Este proyecto lleva a la práctica herramientas para que el ministerio en conjunto con los gobiernos locales, con distintos estamentos, finalmente puedan acelerar los tiempos de espera de las familias, que es algo que se ha conversado largamente con los comités de vivienda. Si usted le pregunta a las personas que están esperando hoy día y que forman parte del déficit habitacional de Chile, qué es lo más importante, de seguro, es recibir una vivienda pronto, que las viviendas tardan mucho tiempo y este proyecto nos permite tener herramientas a través del Banco de Suelos, a través de modificaciones normativas, sacar a los proyectos que el ministerio le hacen más rápido los procedimientos para poder adquirir y finalmente compartir el suelo con las viviendas y con las familias que lo están esperando y que forman parte de este déficit habitacional.
Asimismo, el Subsecretario de Vivienda, Guillermo Rolando señaló que «es una Ley que tiene mucha alma porque la diseñamos en conjunto, esto no fue de autoridades escondidas, fue pobladores, autoridades, todos juntos la diseñamos. Esta Ley tiene herramientas permanentes para poder comprar suelo en distintas partes de la ciudad, acortar los tiempos para los comités para los cambios de uso de suelo, herramientas de gestión para dar más soluciones y acortar los tiempos de espera para miles de familias en todo Chile”.
La Ley de Integración Social permitirá avanzar en una mayor integración social en nuestras ciudades, así como implementar, con sentido de urgencia, un “Plan de Emergencia Habitacional”. Sobre este punto, es importante destacar que los Comités de Vivienda han tenido un rol fundamental en la tramitación de su texto, con importantes aportes, particularmente en materia de gestión de suelo, así como de las contribuciones de otros actores de la sociedad, como el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, representantes de la academia y fundaciones, entre otros.
En materia de gestión de suelo para la integración social y urbana, se incluyen normas especiales destinadas a enfrentar el actual déficit habitacional – según datos de Casen en Pandemia 2020 más los hogares en campamento se estima en 512 mil unidades – relacionadas con la adquisición y gestión de suelo, junto con otras disposiciones complementarias relacionadas con un “Plan de Emergencia Habitacional”. Por otra parte, permite un rol más activo y con mayores atribuciones por parte del Minvu en la adquisición de terrenos para viviendas sociales, al promover, entre otras normativas, una mayor rapidez en la habilitación normativa de terrenos para proyectos de Comités de Vivienda.
Respecto del “Plan de Emergencia Habitacional”, este deberá ser elaborado por el Minvu durante el primer semestre de 2022, el que debe contemplar objetivos y metas anuales por región y comuna que considere los antecedentes y propuestas que efectúen los gobiernos regionales y municipios y establezca mecanismos periódicos de seguimiento, evaluación y reporte de su avance y cumplimiento al Congreso Nacional.
Por otra parte, la Ley establece un rol clave de municipios y Gobiernos Regionales en el resguardo y promoción de la Integración Social y Urbana, quienes deberán incorporar disposiciones que resguarden o incentiven la construcción de viviendas de interés público, apuntando a que cada plan regulador se haga cargo del desafío de planificar el territorio comunal o intercomunal con estos criterios, rompiendo con tendencias de segregación en algunas ciudades o evitando que éstas aparezcan en otras, a su vez que resguarda el valor patrimonial de sectores protegidos.
Finalmente, en tanto a las normas que facilitan la regeneración de barrios segregados o deteriorados, incluye disposiciones especiales para que el Estado pueda impulsar adecuadamente procesos de regeneración de sectores con problemas urbanos o constructivos críticos, potenciando la figura del Plan Maestro de Regeneración, que cuenta con un importante componente de participación ciudadana.
En resumen, esta Ley se traduce en:
* Rol activo del Minvu en la adquisición de terrenos para viviendas sociales.
* Mayor rapidez en la habilitación normativa de terrenos para proyectos de Comités de Viviendas.
* Elaboración de un plan de emergencia habitacional.
* Planificación urbana local que promueva la integración e inclusión social y urbana.
* Resguardo del valor patrimonial de sectores protegidos.
* Normas para facilitar la regeneración de barrios segregados o deteriorados.
