A veces, por no decir a menudo, el buen posicionamiento en las encuestas envalentona a quienes las favorece para decir sin eufemismos lo que realmente sienten. “Si hubo violaciones a los DD.HH. fue porque (los carabineros) no tenían cómo defenderse” disparó Evelyn Matthei a principios de esta semana, lo que inmediatamente nos retrotrajo a los años de la dictadura donde sin tapujos se pretendía contextualizar los atropellos a los derechos humanos en los hechos políticos previos al golpe de Estado.
No hay contexto alguno que pueda justificar atentados a los derechos humanos, y si hoy las encuestas y los hechos nos tienen bailando al ritmo de la agenda de seguridad, tampoco puede ser óbice para que nuestras autoridades lo relativicen. Hoy las encuestas tienen a Carabineros dentro de las 3 instituciones más confiables, sin embargo, solo hace un par de años, a fines de 2019, las mismas encuestas posicionaban a Carabineros entre las peores evaluadas. Y como parece ser que las “encuestas mandan” eran pocos los que cuestionaban una reforma a nuestras fuerzas de orden. El exministro del Interior de Piñera, Víctor Pérez, confirmaba el año 2020 que “Es necesario para colocarlos (Carabineros) a la altura del siglo XXI”. El ministro del interior siguiente, Rodrigo Delgado, inmediatamente asumido en el cargo reafirmaba esta intención al declarar que se estableció una “hoja de ruta para la reforma a Carabineros”. El mismo Peñera Piñera pedía al Congreso aprobar la reforma a Carabineros agregando que el “Orden público no es incompatible con resguardo de DDHH”.
Sin embargo, hoy, parte de esa misma clase política parece olvidar lo que ellos mismos pregonaban y supeditan los derechos humanos a la omnipresente agenda de seguridad con la aprobación de una ley más efectista que efectiva, y lo que es peor, intentar romper el estado de derecho con la pretendida incorporación del “gatillo fácil” en favor de Carabineros.
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La llamada “Ley Naín-Retamal” aprobada esta semana por la Cámara de Diputados, si bien podría interpretarse como un avance en favor de Carabineros al consagrar la presunción de “legítima defensa privilegiada”, lo cierto es que en términos efectivos solo viene a ratificar el principio de inocencia que todas las personas tenemos en Chile ante el inicio de una investigación penal.
Basta revisar las sentencias judiciales dictadas en nuestro país para constatar que, salvo casos extremos, son muy pocos los Carabineros condenados. Incluso en el bullado incidente de hace unos años en Panguipulli donde resultó muerto una persona que se negaba a cumplir el procedimiento de control de identidad, la propia Corte de Valdivia finalmente acogió la legítima defensa en favor del Carabinero involucrado, dejándolo absuelto de todo cargo.
El problema mayor para Carabineros no es enfrentar una investigación judicial abierta, sino los problemas administrativos internos que tal investigación le genera en su propia institución. En efecto, cuando un carabinero dispara su arma y hiere a alguien, internamente es suspendido de su cargo o incluso es dado de baja, se lo priva del sueldo y muchas veces tiene que financiar su propia defensa, dejándolo en una situación de vulnerabilidad extrema tanto en lo personal como familiar. Esto debiera ser parte también de una reforma a Carabineros que ha quedado olvidada en esta agenda de seguridad.
Pero también dentro de esta reforma, se requiere más recursos, más inversión en medidas preventivas, mejor equipamiento y en especial, más y mejor capacitación a nuestras fuerzas de orden. ¡Qué distinto fue el procedimiento de aquel carabinero que en la comuna de El Monte disparó en las piernas para contener al agresor que lo amenazaba con un bloque de cemento, frente al carabinero del ya mencionado incidente de Panguipulli que terminó matando a la persona que lo amenazaba con un sable de malabarismo! En el primer caso había un carabinero capacitado.
Y dejo para el final lo que algunos congresistas proponen sobre reformar el artículo 411 del Código de Justicia Militar, y aplicar la eximente de responsabilidad cuando el carabinero utiliza su arma… esto sería consagrar una licencia para matar y deja abierta la puerta al abuso policial traspasando todo límite de respeto a los derechos humanos.
No hay incompatibilidad ni incongruencia en más seguridad y respeto a los derechos humanos, pueden y deban ir de la mano. Chile no resiste más licencia para disparar ni con armas ni con discursos. Se puede caminar y masticar chicle a la vez apoyando a carabineros y exigiéndoles que su frontera inquebrantable es y será siempre los derechos humanos.
José Ignacio Cárdenas Gebauer
Abogado autor de libros como “El Jaguar Ahogándose en el Oasis” y “La Trampa de la Democracia”
Instagram jignaciocardenasg
