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Señor director
Siete años se cumplen de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, y parecería ser que hoy más que nunca -producto del estallido social y posterior pandemia, se ha puesto a prueba esta herramienta legal que, en sus orígenes, jamás se pensó podría ser de tanta utilidad y necesidad para miles de personas y pequeños empresarios de Chile.
Ahora nos enfrentamos a un desafío mayor: otorgar soluciones ágiles y oportunas a todos los ciudadanos y microempresas que se encuentran ad portas de enfrentar una situación de iliquidez y de insolvencia.
Es en medio de este contexto en que la capacidad negociadora con los acreedores de personas y pymes se vuelve a poner a prueba, porque -sin lugar a dudas- ellos recurrirán a los procedimientos de renegociación o de reorganización, con el objetivo de salvar su patrimonio y empresas. El rol de veedores como de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento será fundamental para propiciar acuerdos.
En paralelo, serán los procesos de liquidación los que se verán sometidos a mayor estrés, debido a que son numerosos los individuos y también compañías que están optando por este procedimiento, en consideración de que sus problemas económicos se han vuelto irreversibles y ven en esa herramienta una solución definitiva y necesaria.
Cabe destacar que, a siete años de crear esta normativa, los legisladores no podían haber previsto la utilidad real que esta Ley podría llegar a tener en el actual escenario de crisis social y sanitaria que enfrentamos como país.
