Chile y el mundo sufren, cada vez más intensamente, las consecuencias del cambio climático del planeta. En nuestro país la evidencia más clara se observa en el cambio en el patrón de precipitaciones, especialmente en la zona centro sur y donde se concentra la mayor cantidad de población y de actividad agrícola intensiva en el uso de agua. En efecto, la zona central de Chile que tenía un clima tipo templado mediterráneo, en la actualidad muestra un patrón semiárido por una disminución sostenida de las precipitaciones invernales.
Es en este escenario general de menores precipitaciones y particularmente en períodos de altas temperaturas y fuertes vientos, cuando se generan las condicione propicias para la ocurrencia de incendios en sectores rurales, particularmente por la negligencia o intencionalidad de seres humanos. Basta recordar lo que vivimos en enero y febrero de 2017 para comprender lo que pueden generar estos incendios en condiciones climáticas extremas.
Frente a este escenario, tanto el Estado, como las empresas forestales realizan inversiones sustantivas en millones de dólares para prevenir y combatir incendios, cuya cantidad e intensidad se acentúan entre diciembre y marzo de cada año. Dicho lo anterior, hablar hoy de temporada de incendios no parece adecuado, ya que los incendios rurales están ocurriendo durante todo el año, tal como lo registra la estadística 2021 a la fecha, con 188 siniestros en el país (18% menos que en la anterior) y 3.744 ha afectadas (un alza de 724% respecto del período 2020-2021).
En esta línea, la presente columna pretende llamar la atención sobre un riesgo emergente frente a la ocurrencia de incendios en sectores rurales y en condiciones climáticas extremas, cual es la proliferación de parcelaciones de agrado en distintos puntos del país. Este es un proceso con escasa regulación que se ha acentuado en los últimos años y que genera un proceso urbanización encubierta de miles de hectáreas que hasta hace poco eran campos agrícolas o sectores que tenían vegetación nativa o bosques productivos. Las causas de este proceso deberá ser objeto de estudio por los expertos, pero lo que es claro es que hay una demanda por estas parcelas de 5.000 m2 y una oferta creciente que se expresa en publicidades en medios de comunicación y redes sociales.
Desde el punto de vista de quienes tienen la responsabilidad de prevenir y combatir los incendios, la creciente presencia de construcción de casas y personas transitando por sectores rurales, constituyen un aumento creciente en el riesgo de incendios y consecuentemente de pérdidas materiales.
En tal sentido, cuando el cambio climático nos exige adaptación y mitigación de los riesgos, pareciera adecuado que el Estado adopte medidas para evitar esta creciente urbanización encubierta de sectores rurales, con escasa o nula regulación y que aumentan significativamente el riesgo de ocurrencia de incendios rurales.
