Para nadie es un misterio que los días que vive el país son días difíciles. Azotados por una tormenta que no amaina y que cada día sus vientos amenazan con ser la peor de los últimos 100 años.
El gran damnificado en este escenario, aparte de la ciudadanía que hace frente a la tempestad con lo que puede y tiene, es la Institucionalidad del país, que no estaba preparada para la emergencia.
Siendo justos y objetivos, este no es un problema del gobierno de turno, es el descuido de las políticas sociales, derivadas de la complacencia de más de 30 años, con una frase que lapido las expectativas de la ciudadanía, “Gobernaremos en la medida de lo posible”, suscrita por una de las personas que más luchó por la instauración de un régimen de facto y estuvo de acuerdo con la eliminación por la fuerza de un régimen democrático establecido, que cometió muchos errores, pero que era democrático en su esencia.
Cuando me hablaron de una nueva Constitución que pudiera regular un poco el nivel de desigualdad existente en Chile en la actualidad, la primera pregunta que me hice fue, ¿con quién o quiénes?, y mi pensamiento acudió de inmediato a pensar que debería ser creada por expertos, entre los cuales nombre a académicos, centros de estudio jurídicos de prestigio, especialistas constitucionales, sociólogos, antropólogos, con la participación de academias del pensamiento, la asesoría de grupos consultores, responsables de las grandes democracias modernas y un largo etcétera. Grande fue mi desilusión cuando comprobé, en quienes se postularon, que el llamado a construir las nuevas reglas era solo un poco más de lo mismo.
Hoy día, enfrentados a la disyuntiva de tener Instituciones desprestigiadas, una figura presidencial degradada, un país sin ninguna estatura moral en la fe, con niveles de representación en todo ámbito carentes de credibilidad, con instituciones armadas fuertemente afectadas por la corrupción, con una población azotada por la delincuencia y el narcotráfico, una justicia que opera al alero del más fuerte, desconociendo si lo hace por miedo o conveniencia y un Tribunal Constitucional, que más que especialistas en materias que le incumben, son empleados del régimen que los gobierna.
Podemos concluir que hemos llegado a un punto de degradación social de tal nivel que hace pensar en que esto no se soluciona eligiendo autoridades sobre un régimen desahuciado, sino más bien, hacer la pausa necesaria, para crear la base de una institucionalidad nueva.
Lo que dictaría la prudencia, a mi juicio, es suspender cualquier elección que convoque a elegir a los mismos. No es necesario hacer análisis estadísticos de la situación social en la que nos encontramos, dirigidas, programadas y participadas por muchos que hoy se encuentran en las papeletas. Sabemos que, desde ahí, nada se puede esperar que cambie el rumbo de nuestros destinos.
La prudencia dicta la necesidad de poder crear un régimen provisional independiente de hombre y mujeres probos, conformado con las instituciones que al principio de este comentario comenté, y que sean ellas quienes nos muestren un plan, concreto y fácil de entender. Que aconsejen un nuevo modelo de país, basado en las experiencias internacionales y en las necesidades sociales y humanas que nuestra sociedad necesita para solucionar ese nudo que durante la llamada transición jamás se hizo el esfuerzo por desatar.
Posteriormente a ello, permitir que este gobierno presente una solución y que cada uno de sus planteamientos sean conocidos por la ciudadanía y votados en un Plebiscito abierto e informado.
Sobre esa base, existiría una garantía para poder construir un nuevo marco legal que diera a este país una guía acerca de cómo las cosas se deberán hacer, con un amplio espectro de justicia social.
Una institucionalidad enferma como la nuestra cometerá los mismos errores de todos los países latinoamericanos que insisten en construir sobre las ruinas, sin antes haber limpiado el terreno y, lo peor, con los mismos arquitectos. Este país debe poder sacudirse de quien tanto mal le han hecho.
Una Presidencia, un Parlamento, un Intendente, un Gobernador, un Alcalde que no funcionó, que no sirve, puede ver limitada sus funciones solo con la suscripción de un articulado transitorio, pretender cambiarlos ahora en una elección, por quienes operarán sobre un mismo modelo, no solo es una pérdida de tiempo y recursos, es lisa y llanamente una imprudencia.
Si somos un país soberano y libre de tomar nuestras propias decisiones creo no equivocarme al decir que este es el camino.
Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez, porque lo más seguro es que quien lo hizo, no dudará en volverlo a hacer.
