Hace unos días, la Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención Constituyente llegó a acuerdo sobre tres temas que serán presentados al pleno de la Convención para ser votados en relación a la Defensoría Penal Pública.
Naturalmente, el hecho que tan importante órgano republicano mencione y considere regular a nuestra institución con un rango constitucional es una muy buena noticia y un honor, por cierto.
Más aún, siguiendo la voluntad de nuestra institución, acompañada de la opinión mayoritaria de los ciudadanos, de la academia, y también acogiendo las reiteradas recomendaciones de los organismos internacionales – en torno a la independencia de los operadores del sistema de justicia penal – el que se proponga expresamente en el texto de nuestra futura Carta Magna el estatus de órgano autónomo y se mantenga como una Defensoría diferenciada, especializada y esencialmente técnica, es motivo de celebración y de una mayor responsabilidad futura para nuestra gente.
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En cuanto al modelo, el compromiso de cada uno de nuestros defensores y defensoras penales públicos es intransable con los derechos de los ciudadanos, con el derecho a defensa técnica, el debido proceso y, en definitiva, con la protección y respeto de los Derechos Humanos y la Dignidad de cada persona que nos corresponde representar.
Por ello, nos es indiferente la decisión política que se tome en torno a la mantención o no del sistema mixto, el que nos ha permitido funcionar con índices nunca antes vistos en la República en torno a cobertura, calidad y excelencia de la defensa penal brindada, todo lo cual ha sido reconocido en innumerables ocasiones por los ciudadanos y el propio Estado de Chile. Seguiremos, bajo cualquier modelo, realizando y llevando a la práctica el acceso a la justicia de las personas más vulnerables y defendiendo sus derechos en el proceso penal.
Por último, en cuanto al sistema de gobierno interno de la Defensoría Penal Pública que se establezca en la nueva Constitución, consideramos que evaluar un cambio está dentro de las posibilidades para conseguir que las decisiones de nuestra máxima autoridad se tomen
oportunamente, ojalá prescindiendo de toda clase de motivaciones políticas o de cualquier naturaleza, es decir, haciendo primar el criterio técnico, como hasta ahora lo hemos hecho invariablemente en estos 21 años de historia.
La Defensoría Penal Pública tiene, desde su creación, en su ADN la mejora continua y, si estos cambios van en esa dirección, estaremos a la altura de las circunstancias, sabiendo responder a los nuevos tiempos y regulaciones, siempre poniendo por delante el interés superior del Estado y de nuestros representados. Por ello, bienvenida sea la próxima votación del Pleno de la Convención.
José Luis Craig Meneses
Defensor Regional del Maule
Magíster en Criminología y Justicia Penal
Magíster en Gestión y Políticas Públicas
