Bajo la organización de estudiantes de la carrera Derecho, en la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, se realizó el conversatorio #Hablemosde, iniciativa que abordó la propuesta constitucional redactada por el Consejo Constitucional y que será plebiscitada el próximo 17 de diciembre.
Por la opción “A favor”, se presentó el abogado y concejal por la comuna Talca, Ervin Castillo Arancibia; y por el “En contra”, el también abogado y especialista en Derecho Constitucional, Rodrigo Poblete Reyes, quienes expresaron sus apreciaciones respecto del contenido de la propuesta, desde la perspectiva social, histórica y comparativa del texto.
A FAVOR
“Esta es una propuesta seria e integradora, que dista mucho de lo que fue el proceso de Convención Constitucional y se fundamenta en un marco de libertades, derechos y responsabilidad fiscal, algo importante e inédito en la historia constitucional chilena”, detalló Castillo, quien describió la propuesta como innovadora, característica que a su vez se hace cargo de materias de interés y vigencia para la sociedad chilena, como los derechos relacionados con el aprovechamiento del agua (como bien nacional de uso público) y de sala cuna universal, participación política y de la mujer en la sociedad, entre otros.
“Esta propuesta, además, presenta un contenido muy claro en materia del medioambiente. A diferencia de lo que tenemos actualmente que es bastante menor”, enfatizó. En materia de derechos sociales, calificó el texto como “amplio” y destacó la claridad del marco con que están definidos la progresividad de estos, responsabilidad fiscal de los recursos y posibilidad de entrega a partir de una provisión mixta (estatal y privados).
“En educación, esta propuesta fortalece el rol de los padres y familias en el proceso educativo… y se hace cargo, a través de un horizonte muy distinto del que tenemos actualmente en la legislación en materia de educación, respecto de leyes que le han hecho mucho daño a la educación, que hablan de inclusión, pero que realmente les han quitado a las personas capacidad de decisión y de elegir un proyecto educativo. Se devuelve el rol de superioridad de las personas por sobre el Estado, enfocado en parámetros y mínimos comunes, para mejorar la calidad”, apuntó.
A juicio de Castillo este proceso fue de diálogo. Sin embargo, subrayó que existe la necesidad, por parte de la ciudadanía, de que las “verdaderas necesidades y urgencias sociales”, que no están en la Constitución, sean atendidas.
EN CONTRA
“Este texto tiene problemas en su origen, radicados en la falta de consenso y acuerdos transversales para la generación de sus propuestas más importantes. Fue aprobado exclusivamente en el Consejo Constitucional con los votos de un sector político, sin ningún voto de otras corrientes. Por lo tanto, adolece de un problema que una Constitución no puede tener. Una Constitución debe representar un consenso transversal amplio”, argumentó Poblete.
El abogado también especialista en Derecho Público apuntó que, en materia de contenidos, la propuesta presenta falencias relacionadas con la estructura interna del texto. “Se aprecian errores que ya han sido expuestos, como errores de referencia que dicen `esto se hará en concordancia con el artículo…y resulta que cuando uno va a ese artículo se refiere a otra materia y eso va a obligar a hacer una serie de reformas para corregirlo”, explicó.
Es de destacar que, de aprobarse la propuesta de Constitución, se exigirá un quorum de tres quintos para realizar reformas al texto.
“El proyecto tampoco se hace cargo de las urgencias levantadas en las movilizaciones, también demandas por años por la sociedad chilena… Se dice que es la Constitución de la seguridad, pero no entrega ninguna herramienta práctica para el combate de la delincuencia, porque esas son materias de política pública, no de un texto constitucional”.
A juicio de Poblete es un texto constitucional que judicializa diversas materias, en las que sí entra en detalle, como “los temas mal llamados valóricos”.
Entre estos se refirió a la regulación de la protección de la “vida de quien está por nacer”, cambio que levanta dudas respecto de cómo esto permitirá avanzar en garantías en derechos de las mujeres y de avances ya consolidados, como la Ley de Interrupción del Embarazo. “Si ya hay una parte de la comunidad jurídica que pone en duda este aspecto, lógicamente se transformará en litigios constitucionales en algún momento”, subrayó.
Por tanto, bajo el análisis de abogado, el contenido generará incertidumbres por varios años, mientras se interpretan y solventan las incertezas de los nuevos criterios y elementos.
