“Derechos humanos y áreas protegidas” es el título del sexto capítulo del Informe Anual 2024 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que en sus 58 páginas analiza la recientemente promulgada ley 21.600, que justamente creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El informe problematiza respecto de la disparidad territorial de estos espacios que en muchos casos no otorga una protección íntegra de la flora y fauna presente en ellos.
La información cobra relevancia este 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.
Se estima que Chile tiene más de 31 mil especies (plantas, animales, algas, hongos y bacterias). En 2019 el Sexto Informe Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente indicó que de mil 192 especies clasificadas 770 (65%) estaban amenazadas de extinción. Y la situación no mejoró para 2024: el Proceso de Clasificación de Especies detectó que de mil 686 especies había mil 38 (62%) amenazadas de extinción.
El Ministerio de Medio Ambiente determinó que hay 63 ecosistemas amenazados y ocho especies en peligro crítico, seis en peligro y 49 vulnerables.
Al analizar cómo la gestión de estas áreas e instrumentos asociados ayuda a garantizar el goce de los derechos a un medio ambiente limpio, a una vida digna o a la participación, el Informe expone que en la zona central las áreas protegidas cubren menos del 3% de su superficie. Ello, pese a la expansión urbana y a que la mayor parte de la población reside aquí.
El texto cita al jefe del Departamento de Áreas Protegidas del Ministerio del Medio Ambiente, Diego Flores: “Casi todo está en la Patagonia. La gente en Cabildo no tiene un área protegida cerca. Entonces, hay un tema del acceso democrático a la naturaleza. No todas las familias en Chile tienen la posibilidad de pagar e ir a la Patagonia a un viaje maravilloso”, afirma.
Áreas Protegidas
El Informe detalla que hoy Chile tiene 246 áreas protegidas, entre santuarios de la naturaleza (103), parques nacionales (46), reservas nacionales (25), reservas forestales (22), monumentos naturales (18), áreas marinas costeras protegidas (15), parques marinos (11) y reservas marinas (6). 170 millones de hectáreas o cerca del 21% del territorio terrestre, superando el promedio global de 17%, planteado en 2020 por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
No obstante, sólo el 54% (134) de las áreas protegidas tiene planes de manejo. De hecho, en el informe de su última visita a Chile, el Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de DD.HH. relacionadas con el disfrute de un medio ambiente limpio, David R. Boyd, plantea su preocupación ya que la mayoría de las áreas protegidas carece de planes y tiene limitados recursos.
En 2023 el informe de la Comisión de Conservación, Institucionalidad y Filantropía del Centro de Estudios Públicos indicó que en 2020 el financiamiento para áreas protegidas terrestres del Estado cubría sólo el 25,4% de sus necesidades: $18 mil 349 millones y un costo estimado de operación de $72 mil 228 millones. En 2023, el presupuesto de las áreas protegidas de Conaf era $ 19 mil millones (casi $ 11 mil millones autogenerados).
La dotación nacional de guardaparques es 470 personas para 109 áreas protegidas; es decir, un promedio de 4,3 personas por área. Hoy, cada área tiene un administrador, un equipo de guardaparques y personal de apoyo sólo durante el período estacional.
Situación que expone informe del INDH
El sexto capítulo profundizó en caso que exponen falencias del nuevo sistema. Las normas establecen que la fiscalización y supervisión aplican al interior de las áreas protegidas y lo que queda fuera se regula con herramientas distintas, que no permiten caracterizar las consecuencias de esas actividades.
En el salar de Surire, en la comuna de Putre, a diferencia de otras áreas, hay un área desafectada para actividades extractivas de ulexita, sin ningún tipo de medidas de amortiguación. El área protegida recibe los efectos de las faenas porque es parte de la zona de afectación del proyecto, lo que se ha mantenido por casi 48 años. Los funcionarios de Conaf tiene dificultades para generar mecanismos que permitan evaluar la degradación de la biodiversidad.
El capítulo también llama la atención sobre lo que ocurre en San Pedro de Atacama, un sector de alto desarrollo turístico y con inyección de capital para la protección de áreas protegidas. Pese a eso, las comunidades indígenas y locales enfrentan falta de agua potable, electricidad o servicios educativos y de salud, que constituyen condiciones asociadas al derecho a la vida digna.
A diferencia de la mayoría de las áreas protegidas y sus sectores aledaños, la zona tiene ventajas comparativas. Al estar en un Área de Desarrollo Indígena recibe recursos y herramientas para usar en el territorio, además de modelos de coadministración que exigen la reinversión de ganancias en el territorio y las comunidades. Aun así, visitas y entrevistas realizadas por el INDH permitieron ver las dificultades diarias de sus habitantes y una respuesta estatal insuficiente para el acceso adecuado a servicios básicos.
El Informe puede descargarse aquí.
