El Presidente Sebastián Piñera presentó este domingo un requerimiento de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional argumentando que “algunos parlamentarios están intentando escribir una Constitución paralela, a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución”.
Apuntó que “esta práctica es inconstitucional, atenta contra nuestro ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, y no respeta instituciones fundamentales de nuestro orden Constitucional, como la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto público, seguridad social e impuestos”.
Para “evitar esta mala práctica, el Gobierno ingresó al Tribunal Constitucional un requerimiento para que declare inconstitucional el Proyecto presentado por un grupo de diputados, respecto a un nuevo retiro de fondos previsionales”.
Todas las autoridades, y en especial el Presidente de la República, tienen que “ser sensibles con las necesidades de los ciudadanos, y también, responsables con las decisiones que adoptan y sus consecuencias para el futuro. Adicionalmente, siempre deben respetar el orden constitucional y el Estado de Derecho”.
El Mandatario argumentó que el proyecto antes mencionado “no sólo es inconstitucional. También genera un grave daño a las pensiones presentes y futuras de todos los chilenos y beneficia con injustificadas exenciones tributarias a las personas de más altos ingresos, lo que atenta contra la equidad y la Justicia Social”.
“Las autoridades de nuestro país, al asumir sus cargos, juraron o prometieron respetar nuestra Constitución y nuestras leyes. El Gobierno cumple con este compromiso a través de este requerimiento al Tribunal Constitucional, que busca proteger nuestro orden constitucional y Estado de Derecho”, recalcó.
El texto del mensaje del Presidente Piñera es el siguiente:
El compromiso del Gobierno es y será proteger y ayudar a todas las familias afectadas por la pandemia del coronavirus y la recesión económica mundial.
Para lograr este objetivo, en los últimos 9 meses, juntos hemos construido una Red de Protección Social, que hoy presta ayuda y protección a más de 14 millones de chilenas y chilenos. Es decir, 3 de cada 4 compatriotas. Como país hemos hecho un esfuerzo enorme, reconocido por diversos organismos internacionales, incluyendo al Banco Mundial.
Dada la profundidad y extensión de la pandemia del coronavirus y la recesión económica mundial, muchas familias seguirán necesitando apoyo para enfrentar estas adversidades.
En el marco de nuestro orden constitucional, el miércoles pasado el Gobierno presentó al Congreso un Proyecto de Ley que permite un retiro único y extraordinario del 10% de los fondos de ahorro previsional, priorizando a quienes más lo necesitan.
Este es un proyecto responsable que otorga un importante alivio a las personas que más lo necesitan, resguarda mejor las actuales y futuras pensiones, no otorga beneficios tributarios injustificados a los sectores de más altos ingresos, permite la recuperación de los ahorros previsionales y, sobre todo, respeta nuestra Constitución y el Estado de Derecho.
Adicionalmente, el Gobierno está trabajando en una iniciativa legal que permita extender el Ingreso Familiar de Emergencia a las familias más necesitadas, cuyas comunas se encuentren o puedan encontrarse bajo cuarentenas o limitaciones severas a la movilidad por razones sanitarias. El Gobierno reitera su compromiso de desplegar el Ingreso Familiar de Emergencia si las condiciones lo hacen necesario, ante una eventual segunda ola de contagios. Todos debemos contribuir a evitar esta segunda ola, tomando todos los resguardos sanitarios a nivel personal y cumpliendo estrictamente con lo establecido por la autoridad sanitaria, para cuidarnos y cuidar a los demás.
Pero el Gobierno debe proteger a los chilenos no sólo durante la emergencia. Debe también levantar la vista y buscar soluciones permanentes a las necesidades de los chilenos.
Por eso, el esfuerzo del Gobierno está concentrado en la creación y recuperación de los empleos, la ayuda a las Pymes y la reactivación de nuestra Economía. Por eso, el Gobierno está comprometido e impulsando una profunda reforma a nuestro sistema de pensiones, que permita mejorar las pensiones de todos los actuales y futuros pensionados.
La primera etapa de esta Reforma ya está en plena vigencia y ha significado un reajuste de hasta 50% en las pensiones de 1,7 millones de jubilados, que reciben la Pensión Básica Solidaria o el Aporte Previsional Solidario, los que corresponden a los pensionados más vulnerables y necesitados de nuestro país.
También el Gobierno está impulsando un Acuerdo para acelerar la segunda etapa de esta Reforma Previsional, la que fue aprobada hace ya un año en la Cámara de Diputados y está hoy día en trámite en el Senado.
Esta Reforma permite incrementar significativamente las pensiones de más de 800 mil jubilados, principalmente mujeres y de clase media, y también las pensiones de todos los futuros jubilados.
Algunos parlamentarios están intentando escribir una Constitución paralela, a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución.
Esta práctica es inconstitucional, atenta contra nuestro ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, y no respeta instituciones fundamentales de nuestro orden Constitucional, como la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto público, seguridad social e impuestos.
Para evitar esta mala práctica, el Gobierno ingresó hoy al Tribunal Constitucional un requerimiento para que declare inconstitucional el Proyecto presentado por un grupo de diputados, respecto a un nuevo retiro de fondos previsionales.
Todas las autoridades, y en especial el Presidente de la República, tienen que ser sensibles con las necesidades de los ciudadanos, y también, responsables con las decisiones que adoptan y sus consecuencias para el futuro. Adicionalmente, siempre deben respetar el orden constitucional y el Estado de Derecho.
El Proyecto antes mencionado no sólo es inconstitucional. También genera un grave daño a las pensiones presentes y futuras de todos los chilenos y beneficia con injustificadas exenciones tributarias a las personas de más altos ingresos, lo que atenta contra la equidad y la Justicia Social.
Las autoridades de nuestro país, al asumir sus cargos, juraron o prometieron respetar nuestra Constitución y nuestras leyes. El Gobierno cumple con este compromiso a través de este requerimiento al Tribunal Constitucional, que busca proteger nuestro orden constitucional y Estado de Derecho.
Los chilenos votamos en el plebiscito del 25 de octubre, libre y democráticamente, un camino hacia una Nueva Constitución. Durante este camino todos debemos respetar y hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho y la decisión libre y democrática adoptada por una inmensa mayoría de chilenos.
