El Presidente Sebastián Piñera decretó este martes Estado de Emergencia en las provincias de Bío Bío y Arauco, en la Región del Bío Bío, y de Malleco y Cautín, en la Región de la Araucanía por grave alteración del orden público.
El Mandatario indicó que “este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos”.
Asimismo, aclaró que es por 15 días prorrogables por otros 15 y las Fuerzas Armadas “deberán colaborar y no reemplazar a las Fuerzas de Orden y Seguridad, y no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones de naturaleza policial”.
El discurso del Jefe del Estado es el siguiente:
Es de público conocimiento los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, cometidos por grupos armados en las provincias de Bío-Bío y Arauco en la Región del Bío-Bío, y en las provincias de Malleco y Cautín en la Región de La Araucanía.
Estos graves hechos no sólo han cobrado vidas de personas inocentes y de miembros de Carabineros y Policía de Investigaciones. También han implicado atentados y amenazas contra autoridades tales como fiscales del Ministerio Público y miembros del Poder Judicial.
Estos violentos hechos también han destruido y quemado casas, iglesias, instalaciones y bienes destinados a actividades industriales, agrícolas, comerciales y turísticas e infraestructura pública.
Estos atentados también han impedido la ejecución de órdenes judiciales por parte de las policías, las que han sido resistidas mediante el uso de la violencia y el empleo de armas de fuego de grueso calibre, incluso armas de guerra.
Estos hechos de violencia, también han comprometido el orden público y debilitado el Estado de Derecho, afectando seriamente la convivencia pacífica en la zona, las libertades, los derechos y la calidad de vida de miles de chilenos y chilenas.
Frente a estos graves hechos el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en ejercicio de sus facultades legales, ha presentado todas las querellas que corresponden ante el Poder Judicial.
Los habitantes de estos territorios viven con constante temor y con una profunda sensación de indefensión, lo que causa un enorme daño, no sólo a las víctimas directas, sino que también a los que se sienten amenazados y a todos los chilenos.
La grave situación antes descrita requiere que el Estado haga uso de los medios y capacidades institucionales y los mecanismos contemplados en la Constitución y las leyes para proteger a la población, resguardar el Orden Público y el Estado de Derecho y asegurar el pleno goce de los derechos constitucionalmente reconocidos, en las provincias antes mencionadas.
El artículo 42 de la Constitución Política de la República permite la dictación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia.
En consecuencia, comunicamos hoy a todos nuestros compatriotas que hemos decidido decretar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, por grave alteración del Orden Público, en las provincias de Bío-Bío y Arauco en la Región del Bío-Bío, y en las provincias de Malleco y Cautín en la Región de La Araucanía.
Este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia contempla la designación de Jefes de la Defensa Nacional y tendrá una duración de 15 días, prorrogables por otros 15 días, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la Ley. De acuerdo a este decreto, las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones.
También podrán prestar apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte, a los procedimientos policiales que se desarrollen en las zonas declaradas en Estado de Emergencia.
De acuerdo al decreto que establece este Estado de Excepción, las Fuerzas Armadas deberán colaborar y no reemplazar a las Fuerzas de Orden y Seguridad, y no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones de naturaleza policial.
Queridos compatriotas,
Este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos.
Este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia lo decretamos para proteger mejor la vida y seguridad de las personas. Para proteger mejor a las autoridades, como fiscales del Ministerio Público y miembros del Poder Judicial que han sido amenazadas. Para proteger mejor los bienes públicos y privados. Para resguardar mejor el Orden Público y el Estado de Derecho. En síntesis, para permitirles a los habitantes de las zonas afectadas vivir con mayor paz y ejercer mejor sus libertades y derechos, sin miedo y sin violencia.
