“Hay una suerte de estado de shock en el mundo agrícola y frutícola respecto a este tremendo problema”, afirma presidente de la Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta), Jorge Valenzuela, por la severidad actual de la crisis hídrica, y que ha dejado atrás al mes de julio más seco desde que se tenga registro.
“La fruta hoy en día genera alrededor de 700 mil puestos de trabajo, y si esta situación continúa, habrá zonas que no serán más productoras de fruta, por un tema de disponibilidad de agua, o que bien irán disminuyendo”, agregó el dirigente gremial. “Frente a esta situación, loa agricultores tendrán que decidir qué cultivar y qué no”.
El gremio frutícola ha estado conversando con asociaciones locales sobre esta crisis, con testimonios de productores de la Región de Coquimbo, por ejemplo, que identifican niveles críticos de “dotación hídrica que ponen en peligro los cultivos, dado que no se cumple la demanda mínima básica de agua para su desarrollo”, como indicó la Sociedad Agrícola del Norte.
Fedefruta comenta que, entre los desafíos, está la adaptación del sector a la disponibilidad hídrica, la inestabilidad en las temperaturas y la resiliencia a eventos climáticos “fuera de programa”, como lo fueron las lluvias de verano que afectaron las cosechas de uva de mesa y carozos.
“Tras el informe del IPCC, y ante lo que vemos a diario en las zonas rurales de forma cada vez más acentuada, el cambio climático trae muchísimas incertidumbres para el futuro, y consecuencias por las que todos en el mundo debemos hacernos cargo”, agrega Valenzuela. “En un escenario de este tipo, nuestra labor es brindar seguridad alimentaria, pero ese es un trabajo que solo podremos hacer en la medida que todos nos involucremos”.
Medidas apoyadas por Fedefruta
Entre las medidas planteadas por los agricultores, están el diseño de una política pública que trascienda los gobiernos, y fortalezca las medidas de apoyo para un sector que provee de seguridad alimentaria a la población. También, un plan de plantas desaladoras financiadas por el Estado para asegurar el consumo humano, la alimentación y las actividades productivas, además de las modificaciones necesarias para el reúso de agua en las zonas más afectadas.
“De no atender estas urgencias por la sequía, solo lograremos hundir más en la precariedad a las zonas rurales que desde hace muchos años están postergadas”, agrega Valenzuela. “Esta crisis afecta no solo a agricultores pequeños y medianos, sino también a miles de familias que dependen de la producción de alimentos y que viven en los campos”.
Por lo pronto, la Federación y sus asociaciones ligadas piden medidas urgentes como la adquisición de estanque móviles colectivos para la pequeña y mediana agricultura, y el apoyo a la reprogramación de cuentas impagas de servicios básicos, y de deudas contraídas con la banca.