Académicos e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Centro de Estudios Constitucionales de Chile (CECOCH), ambos de la Universidad de Talca, profundizaron en cómo se abordó la educación en la propuesta de nueva Carta Fundamental.
Nibaldo Benavides, director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional (IIDE) de la UTalca, señaló que, “la posible Constitución se observa como una oportunidad cierta para dar un salto cualitativo hacia un sistema educativo con un paradigma diferente al que existe hoy”.
El académico de la Facultad de Ciencias de la Educación distinguió que, el texto “establece una mirada centrada en principios y valores, que no teníamos claros bajo la perspectiva de las políticas públicas que se habían generado en estas últimas décadas”.
Según Benavides, la nueva Constitución mejora el actual modelo “que ha perpetuado por décadas la desigualdad y la segregación socioeducativa, y que ha permitido que quienes tienen dinero alcancen una mejor educación, mientras que aquellos que no lo tienen, no pueden acceder a ella”.
“La propuesta de nueva Constitución llama a establecer un sistema más solidario, que apunta por un lado al reconocimiento de proyectos educativos diversos, pero que considera un sistema educacional conjunto organizado bajo un régimen público”, destacó el académico.
Otro avance en materia educacional, según el director del IIDE, radica en el derecho de cada integrante de la comunidad educativa de opinar activamente en la definición del proyecto educativo al que pertenece, explicó. “Aquí, se deberán generar espacios de participación para que esas comunidades opinen no solamente de manera consultiva, sino que tengan una voz más resolutiva, que garantice una real posibilidad de generar proyectos educativos colectivos”, adelantó.
Por su parte, Matías Vargas, investigador del Centro de Estudios Constitucionales de Chile (CECOCH), destacó que, “la propuesta de nueva Constitución reposiciona al Estado como promotor y garante del derecho a la educación (artículo 35, PNC), fija su objeto, fines, traza los principios rectores preeminentes para su ejecución y explicita que dichos fines y principios serán sus indicadores de calidad”.
De acuerdo con el abogado constitucionalista, “estos enunciados representan, sin duda, la progresión del Derecho a la Educación, siendo una propuesta que adecua el ordenamiento jurídico nacional con estándares internacionales en la materia”, valoró.
Aspectos por mejorar
Ambos especialistas coincidieron en que en la propuesta constitucional falta un ámbito importante y que tiene que ver con la exclusión de la educación parvularia como obligatoria, que no aparece consagrada en el texto.
El nivel de formación inicial se debería considerar explícitamente como obligatorio, ya que la educación parvularia es un paso vital a la hora de analizar los aprendizajes de los niños. Un menor que ha pasado por el jardín infantil cuenta con una formación mayor que aquel que no ha tenido esa posibilidad”, argumentó el profesor Benavides.
Vargas, por su parte, indicó que este aspecto constituye una regresión, ya que el derecho a la Educación incluye el nivel parvulario desde el año 2013. “Cuando se discutió la ley, el propio legislador estuvo de acuerdo en que durante los primeros años de vida se desarrollan las habilidades cognitivas y socioemocionales básicas de las personas, que resultan fundamentales para el desarrollo personal posterior”, afirmó.
“De ser aprobada la nueva Constitución, será un pendiente para el legislador reformar, a la brevedad, el artículo 35 inciso 7º, y rectificar toda regresión en relación con la inserción escolar inicial obligatoria de niñas y niños”, precisó el abogado constitucionalista.
