El 6,6 por ciento de niñas, niños y adolescentes en Chile son trabajadores. Si bien, ese porcentaje es el más bajo de América Latina, las autoridades son conscientes de que existe una cifra negra sobre esta problemática y la Región del Maule no está ajena a ello.
Durante 2022, la Dirección del Trabajo solo recibió dos denuncias al respecto, pero es otra la realidad que se ve en terreno. La seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba explicó que, “cuando hemos ido a fiscalizar por otras temáticas, nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que creen que el trabajo de los niños, niñas y adolescentes en una región agrícola como esta se justifica, dado que hay muchos padres que no tienen las condiciones económicas para que los niños acudan a sus lugares de estudio sobre todo cuando son alejados de la zona urbana donde están los colegios; por lo tanto, está normalizado llevarlos al lugar de trabajo”.
El gobierno se han propuesto erradicar el trabajo infantil y para contribuir a ello, el Ministerio del Trabajo lanzó la página web noaltrabajoinfantil.cl, que permitirá a aumentar el conocimiento de la sociedad sobre la legislación que protege a los menores y, además, difundir cifras y normativas. Torrealba anunció que “a final de este año vamos a tener datos reales de la Región del Maule. Por primera vez el Ministerio de Trabajo está recogiendo esta información y eso es un buen indicio porque será de acuerdo a nuestra realidad que nosotros podremos atacar esta gran problemática”.
En apoyo, la academia se suma con aportes basados en la evidencia para actualizar los protocolos de derivación de los menores cuyos derechos se vean vulnerados por trabajo infantil. En el Día Mundial contra este flagelo, la cartera regional firmó un convenio con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule (UCM) para que, desde el Magíster en Salud Mental Infanto Juvenil se preste asesoría técnica.
Gerardo Chandía, director de este postgrado explicó que “el objetivo de este trabajo conjunto es, justamente, favorecer procesos de intervención con un trabajo en red y para ello, se necesitan protocolos actualizados. Muchas veces, estos protocolos terminan entrampando procesos. La idea, entonces, es lograr un protocolo que permita, tanto a la instancia derivadora como a la que está recibiendo; poder actuar en red y hacer una labor conjunta en virtud de la situación detectada”.
Por su parte, Paula Ceballos, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud UCM, enfatizó que la academia “debe responder a las necesidades de nuestra región y, en ese sentido, nuestra prioridad es seguir vinculándonos con el medio para entregar información clave para la toma de decisiones y generación de políticas públicas tanto en esta como en otras problemáticas En este convenio se une la academia y el sector público porque todo lo que se está investigando y generando al interior de la Universidad, debemos darlo a conocer a la comunidad para tomar decisiones con datos reales”.
