Durante el mes de marzo, el Gobierno ingresó la iniciativa que regula el uso de las aguas grises, es decir, las provenientes de las duchas, lavamanos, lavaplatos, máquinas lavavajillas y lavadoras de ropa, en el riego agrícola. Con su despacho durante octubre, algunos actores de la industria han valorado la iniciativa, aunque destacan que resultan de menor impacto que las necesidades actuales del país.
Al respecto, Fernando Velásquez, gerente de Desarrollo de Econssa, alertó que el proyecto apunta sólo a las nuevas viviendas, con caudales pequeños, con aportes de baja escala y a muy largo plazo. Sobre la posibilidad de que el proyecto incluya la desalación, Velázquez destacó: “Cada tema debe resolverse en su mérito: este tiene consideraciones técnicas, ambientales, legales y sociales necesarias de regular, que requieren de una regla específica, por tanto, es una materia de un marco legal propio”.
Para el representante de Econssa, es urgente incentivar y establecer reglas que permitan el desarrollo de dos nuevas fuentes: el reúso de las aguas servidas domésticas de las ciudades y la desalación. “Es muy relevante reconocer el sentido de urgencia necesario para el desarrollo de este tipo de proyectos, considerando que en la actualidad existen muchos vacíos en la normativa vigente que se traducen en largos períodos para la ejecución de un proyecto de este tipo. Prueba de ello es que un proyecto de desalación de agua de mar puede llevar a lo menos 7 a 8 años de plazo para su puesta en operación”, señala Velázquez.
Concuerda con Velázquez el Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES), Rafael Palacios, quien señala: “Si bien en términos de caudales las aguas grises son hoy un aporte marginal al abastecimiento agrícola, la reutilización de las aguas residuales, particularmente de las aguas servidas urbanas tratadas que son dispuestas al mar mediante emisarios submarinos en ciudades costeras, es una tarea pendiente que tenemos que abordar con urgencia”.
Una definición estratégica, como una política pública específica para el desarrollo de proyectos de reúso y desalación, es vista por Velázquez como buen punto de partida. “Mi impresión es que no es un problema de financiamiento, sino más bien cómo las políticas públicas permiten modelos de negocio que incluyan los recursos suficientes para una buena asignación de subsidios, alianzas público-privadas y el uso racional del agua”, señala.
En medio de este contexto, los casos de España, Australia e Israel son vistos con interés por las empresas de la industria en Chile, por la agilidad con la que desarrollan sus proyectos. “En uno de estos países, cuando existe urgencia en contar con una planta desaladora, el Estado prioriza y permite la construcción eliminando casi la totalidad de los permisos para ejecutar el proyecto. Eso es casi impensado acá, pero creo que no es lejano poder regular. Somos uno de los 10 países a nivel mundial que tendrá mayores efectos por el cambio climático, y ya lo estamos sintiendo”, destacó Fernando Velásquez.
Asimismo, con el fin de generar una instancia para discutir sobre los principales desafíos que implica la adaptación hídrica en Chile, es que ACADES está organizando su primer Congreso los días 20 y 21 de marzo de 2024. El Congreso ACADES 2024, Nuevas fuentes de agua para Chile “nos permitirá dialogar sobre las estrategias de adaptación al cambio climático, la seguridad hídrica y ser “agua positivo”, la transición hídrica hacia fuentes no convencionales y el desarrollo de proyectos para las distintas cuencas del país, conversaciones fundamentales que necesitamos tener debido a la urgencia que estamos experimentando”, señaló Rafael Palacios.
