En 2021, luego de décadas de debate, negociaciones y tramitaciones legislativas, tuvo lugar la primera elección de gobernadores y gobernadoras regionales.
Por primera vez la ciudadanía podía elegir a su máxima autoridad regional a través de sufragio directo. Así, las nuevas autoridades asumieron sus funciones en junio de 2021.
Recordemos que los efectos de la pandemia obligaron a modificar el calendario electoral, viéndose también afectado este primer período de las recién estrenadas autoridades regionales.
A pesar de tratarse de una demanda histórica, la descentralización no ha sido una materia que haya logrado un particular interés ciudadano, expresado en movimientos sociales u opciones electorales. Es cierto que la inmensa mayoría coincidimos en la necesidad de que las regiones sean las principales modeladoras de su propio desarrollo, pero a la hora de analizar la fuerza de la demanda como urgencia ciudadana, ella se diluye frente a otras causas que sí logran expresarse a través de diversas formas en el debate público.
Varios son los factores que pueden explicar esta falta de fervor ciudadano por la descentralización. Una cuestión no menos importante para explicarlo puede estar dada por la distribución de la población en Chile.
Según el Censo 2017, un 40,5% de la población total del país, reside en la Región Metropolitana, distribuyéndose el resto entre las otras 15 regiones. Es decir, una sola región concentra en términos prácticos a poco menos de la mitad del total de la población residente en Chile. Este dato no es menor, si se tiene en cuenta que los efectos del centralismo son sentidos especialmente por quienes habitamos en las otras 15 regiones del país.
Otro antecedente a considerar es que nuestra élite política, ello sin mencionar a la élite económica, transversalmente, desde el Partido Republicano al Partido Comunista, proviene de los más exclusivos y caros colegios privados de la capital y más o menos de las mismas universidades santiaguinas.
Difícil es entonces articular en Chile una agenda auténticamente regionalista, cuando los destinos del país son dirigidos por personas con escaso interés fidedigno por las regiones.
A nivel parlamentario, no es raro encontrarnos con diputados y senadores que solo mantienen una residencia simbólica en las regiones o distritos que representan, transcurriendo prácticamente sus vidas en torno a la capital.
Sus viviendas principales están en la Metropolitana, sus hijas e hijos suelen estudiar en Santiago y son usuarios de la red pública o privada de salud de las comunas de la RM.
A este poco auspicioso panorama para la descentralización, debe agregarse ahora el poco feliz debut que han tenido las gestiones de los y las gobernadores y gobernadoras regionales.
El denominado “caso fundaciones” golpeó notoriamente la imagen de la gestión de los gobiernos regionales a nivel nacional. Por otro lado, las deficiencias en el diseño institucional de la descentralización han hecho que la cohabitación de las figuras de gobernador regional y delegado presidencial regional no haya sido especialmente positiva en lo que va de este período.
No resulta fácil de entender este modelo a nivel teórico, pues mucho menos a nivel ciudadano.
Por otro lado, salvo el caso del Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, las demás gestiones regionales no han resultado especialmente gravitantes en el debate público.
La cobertura mediática centrada en Santiago no ha sido para nada generosa con las nuevas autoridades regionales y salvo por el limitado alcance de los medios de comunicacón locales, la agenda de los gobernadores y gobernadoras pasa prácticamente inadvertida para la gran mayoría de la ciudadanía.
Así, el lugar privilegiado que se esperaba que ocuparan estas nuevas autoridades, atendido su potencial caudal de votos y ámbito territorial de influencia, se vio diluido en el tiempo.
Lamentablemente tampoco podemos mencionar fácilmente iniciativas destacadas lideradas por los nuevos gobiernos regionales. Una vez más, salvo por el despliegue del Gobernador Metropolitano sería difícil señalar proyectos de impacto liderados por los gobiernos regionales. Por el contrario, salvo contadas excepciones, se han continuado financiando iniciativas en un modelo prácticamente idéntico al desarrollado por los antiguos intendentes.
Tal vez la única novedad ha sido que por primera vez tenemos autoridades regionales con un mandato prestablecido por ley. Un período determinado de 4 años con la posibilidad de una sola reelección. Esto quizá ha permitido dar continuidad a determinadas iniciativas o políticas públicas de alcance regional, cuestión que antes estaba supeditada a la exclusiva confianza que el Presidente de la República depositaba en sus intentendes.
La elección de gobernadores y gobernadoras está a la vuelta de la esquina. Veremos cómo se evalúa su gestión por parte de la ciudadanía, pero esta vez en un modelo de voto obligatorio. Debe tenerse presente que la anterior elección de estas autoridades fue bajo el sistema de voto voluntario, donde 13 de las 16 regiones escogieron a su autoridad en segunda vuelta con una participación electoral promedio que alcanzó un escuálido 26% del electorado.
El desafío para los actuales gobernadores y gobernadoras regionales es entonces de consideración.
Rodrigo Poblete Reyes
Abogado
