Ante la necesidad de elegir un nuevo alcalde para la comuna de Sagrada Familia, es que un grupo de concejales de dicha zona existen que la elección se lleve a cabo en el más corto plazo, situación que no se ha concretado.
Por esta razón, esta mañana los diputados Felipe Donoso (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI) y Hugo Rey (RN), se reunieron con la Contralora General (s) junto a concejales de Sagrada Familia, Osvaldo Jorquera, Germán Reyes y Luis González, para expresarles la difícil situación que se vive en dicha comuna.
“Tuvimos una muy buena reunión con la Contralora Nacional (s), Dorothy Pérez, en donde se le expuso la situación que existe en Sagrada Familia, ella ha tomado conocimiento no sólo por la audiencia sino que por la presentación hecha en la Contraloría Regional del Maule”, expresó el diputado Donoso.
Por su parte, el parlamentario Juan Antonio Coloma, dijo que, “la Contralora nos señaló que este tema es de máxima gravedad y prioridad crítica para la Contraloría, además se comprometió a emitir un dictamen en los próximos días y de cuyo incumplimiento se derivarían las sanciones más duras que puede emitir el órgano controlador”.
En dicho encuentro se advirtió claramente que existirá una sanción y que, “emitirán un pronunciamiento por las presentaciones realizadas por los concejales de Sagrada Familia, para que así se designe por elección a un nuevo alcalde para la comuna, y se asuman las responsabilidades en caso de que ésto no se realice”, argumentaron los parlamentarios Donoso y Coloma.
Mientras que el diputado Hugo Rey reaccionó diciendo que, “es una situación bastante grave la que está ocurriendo en Sagrada Familia y es que no se deja constituir al Concejo Municipal para poder nombrar al alcalde definitivo. Por lo tanto hemos concurrido a la Contraloría justamente para denunciar estos hechos”.
Para finalizar, los diputados Felipe Donoso, Juan Antonio Coloma y Hugo Rey, advirtieron que “en caso de no realizar una votación y no asistir a un concejo convocado, las sanciones pueden ser sumamente graves y exponerse a una inhabilitación de hasta cinco años sin ejercer un cargo público”.
