Este martes 10 de diciembre, en una nueva conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos (DD.HH), el presidente Gabriel Boric anunció el origen de una Comisión Asesora Presidencial enfocada en esclarecer la verdad detrás de las vulneraciones a los DD.HH de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Servicio Nacional de Menores (Sename), con el fin de diseñar un plan de reparación para la víctimas entre 1979 y 2024.
Esta iniciativa captó la atención de la diputada del Maule Sur, Consuelo Veloso, quien, junto a calificarla como “un paso trascendental en la reparación a víctimas y sus familias”, solicitó al Gobierno complementarla con el impulso –mediante suma urgencia– de uno de los proyectos insigne en la materia y de su propia autoría: aumentar las penas de presidio a los autores de delitos sexuales contra menores bajo la tutela del Estado.
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“El anuncio del Ejecutivo de crear una Comisión Asesora Presidencial, como se le ha denominado, me parece de la más notoria necesidad para iniciar un camino de reparación para los miles de menores víctimas de agresiones de todo tipo, ocurridas bajo la supuesta protección del Sename. Acá era el propio Estado quien debía protegerlas, y les falló irremediablemente”, señaló en primer lugar la congresista.
Sin embargo, la diputada Veloso agregó que hoy “también debemos avanzar en nuestra legislación y actuar con sentido de urgencia para que, quienes cometen estas atrocidades, reciban las penas y sanciones que correspondan. Por eso he solicitado al Ejecutivo que otorgue suma urgencia al proyecto de ley que ingresé en junio de este año, que busca endurecer las penas por agresiones sexuales a menores ocurridas bajo la tutela del Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia. Se trata de una problemática en que no podemos esperar más”.
Dicha iniciativa, la cual se encuentra detenida desde su ingreso en la Comisión de Constitución y sin luces de ser discutida, consiste en aumentar en un grado las penas por los delitos sexuales cometidos contra niños que pertenezcan a cualquiera de los programas del Servicio Nacional de Protección. Es decir, si la actual legislación sanciona el delito de violación con penas que van desde los 5 a 15 años de presidio; de aprobarse el proyecto, las penas a autores de este delito contra menores bajo la tutela estatal, aumentarían inmediatamente al rango de 10 a 20 años de cárcel.
Al respecto, la legisladora arguye que la moción debe ser discutida con suma urgencia –correspondiente a un plazo no superior a 15 días–, debido a “la necesidad de actuar en conjunto ante una temática que requiere decisiones frontales”. “Hablamos de delitos que han destruido miles de vidas a lo largo de las décadas y que no afrontamos con la debida severidad. No podemos esperar más y pedimos que se le dé celeridad a este proyecto ampliamente respaldado en el Congreso”, concluyó.
