Señor Director:
La publicación de la encuesta Casen 2024 publicada este año, abre una oportunidad para discutir la vejez con datos y, al mismo tiempo, con realismo. Sin bien el informe describe una clara disminución de la pobreza, por ingresos (-3%) y multidimensional (-1,8%), para la población mayor de 65 años, también da cuenta de una fuerte disminución del ingreso laboral (60%) y un aumento de cesantía en aquellos grupos familiares que viven con adultos mayores. Esto, junto con ser un desafío para el mercado del trabajo, también puede servir para describir una realidad social, en la que los ingresos estructurales de las familias de menores ingresos se sustentan, en mayor medida, en las pensiones de los adultos mayores.
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Los indicadores no describen por sí solos el uso efectivo del ingreso dentro del hogar. Pero, en la práctica, existen casos en que la pensión de una persona mayor se incorpora al presupuesto familiar y compite con otras necesidades, lo que puede postergar gastos directamente asociados a una vejez digna: salud, medicamentos, ayudas técnicas, alimentación adecuada o apoyos de cuidado.
Si el país quiere que la mejora estadística en los niveles de pobreza se traduzca en bienestar concreto, vale la pena instalar una discusión legislativa y de políticas públicas para resguardar el objetivo principal de la pensión: proteger a quien la recibe, especialmente en circunstancias de creciente dependencia. Esto puede abordarse, por ejemplo, fortaleciendo apoyos para el cuidado y diseñando instrumentos, como un seguro de dependencia, que prioricen el gasto en salud y resguardo personal, sin desconocer la solidaridad intrafamiliar ni la autonomía de las personas mayores que estén en condiciones de decidir libremente sobre este punto.
Edgardo Fuenzalida Rojas
Gerente General
Fundación Las Rosas
