El 11 de agosto, entra en vigor la normativa que modifica, crea y moderniza los procedimientos concursales contemplados en la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, N.º 20.720.
Frente a lo anterior, la Seremi de Economía, Fomento y Turismo de Maule, Javiera Vivanco, junto a la profesional regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), Bárbara Urrutia, dieron a conocer la actualizada normativa que busca disminuir la pérdida social y económica de la sociedad bajo cuatro pilares: la creación de procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos de administración para personas, micro y pequeñas empresas; el incentivo al reingreso del deudor al sistema crediticio; la incrementación de tasas de recuperación de créditos; la promoción de reestructuraciones de pasivos y la agilización y facilitación de procedimientos.
Javiera Vivanco Ibáñez, Seremi de Economía destacó la importancia de esta ley para las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que “implica una mejora sustancial a las empresas de menor tamaño y a las personas que están detrás de éstas. Va a permitir procedimientos de forma menos engorrosa y a un menor costo, lo que es muy relevante, especialmente en la coyuntura en la que nos encontramos. De esta forma se podrán, en muchos casos, proteger negocios que son viables en términos económicos”.
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR
En esta línea, la representante de Insolvencia y Reemprendimiento, planteó que “este hito es muy importante. Y con este reformulado marco legal, se promoverá la Reorganización por sobre la Liquidación, lo que incentivará la recuperación de créditos, la preservación de empleos y se evitará el corte de cadenas de suministro”.
Otro punto que ambas destacaron es que la nueva normativa extiende la Renegociación de la persona deudora a quienes emiten boletas de honorarios y están con un sobreendeudamiento, integrando con ello a usuarios y usuarias que hasta el momento estaban impedidas de acceder a dicho procedimiento por ser consideradas empresas, implicando que tuvieran como única opción para salir de sus dificultades económicas la Liquidación.
Renegociación y Procedimientos Simplificados
El Procedimiento de Renegociación es un trámite administrativo voluntario y gratuito, que no requiere contratar un abogado. En promedio dura 3 meses y se lleva a cabo en audiencias, donde el deudor(a), sus acreedores y un facilitador de la Superir discuten un acuerdo de pago, sin un tribunal de por medio. “Uno de los grandes cambios es que se permitirá el acceso a este procedimiento a personas que emiten boletas de honorarios. También, se incorpora la posibilidad del deudor de proponer un plan de reembolso complementario al Acuerdo de Ejecución; o que el deudor solicite una modificación de su Acuerdo de Renegociación si, por circunstancias sobrevinientes, se ve impedido de cumplirlo en los términos pactados”, señala la profesional regional de la Superir.
La nueva Ley de Insolvencia representa un gran avance para un grupo amplio de deudores, creando procedimientos simplificados para empresas de menor tamaño y personas naturales.
La Liquidación Simplificada, es un procedimiento concursal judicial de carácter universal, administrado por un liquidador concursal, cuyo objetivo es el pago de los acreedores de la MIPE o persona natural con el producto de la venta de los bienes de la empresa o persona. Se solicita en tribunales, por lo que se debe contar con un abogado(a).
Cabe destacar que “se buscará que el deudor, al solicitar el inicio de este procedimiento concursal, acompañe mayores antecedentes a fin de facilitar la determinación del activo, y obtener una tramitación eficiente y rápida. Asimismo, se eliminarán las Juntas de Acreedores para acelerar el proceso. Y ante la falta de interesados en la adjudicación de los bienes ofrecidos, se establece la posibilidad de venta de muebles en portales electrónicos para obtener mayor recupero”, explicó Javiera Vivanco Ibáñez, Seremi de Economía.
La Ley también creó un nuevo procedimiento concursal simplificado de Reorganización al que podrán acogerse las MIPEs en situación de insolvencia, a fin de asegurar la posibilidad de mantener el empleo, así como las cadenas productivas, evitando arrastrar a proveedores -mayoritariamente micro y pequeñas empresas-, también a la liquidación.
“El procedimiento tendrá menos trabas de acceso y menos procesos burocráticos, que permitirán más oportunidades para llegar a acuerdos con los acreedores o vender de manera más rápida y expedita los bienes para volver a reemprender. Con ello, esperamos que con esta reforma más empresas de menor tamaño con problemas de solvencia puedan seguir operando”, indicó la profesional.
La Ley de Insolvencia y Reemprendimiento en Chile ha demostrado ser una herramienta eficaz para reactivar la economía y fomentar la inversión al proporcionar un marco legal sólido que protege tanto los intereses de los deudores como de los acreedores, generando confianza en el sistema financiero y promoviendo un clima propicio para la inversión.
