Dos recientes estudios que tocan el fenómeno de la delincuencia en Chile contrastan sus resultados y nos abren nuevamente la puerta para preguntarnos qué nos ocurre como sociedad en torno a la delincuencia y su real impacto, versus la percepción de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
El primer estudio es el de Fundación Paz Ciudadana, correspondiente a su Índice Nacional 2020, en el que da cuenta de la situación delictual en el país, la percepción de inseguridad de la población y la evaluación que la ciudadanía hace de instituciones y autoridades encargadas de la seguridad pública.
El resultado que me interesa para estos efectos es el de la Victimización, que muestra que el 27,4% de los hogares fue víctima de robo o intento de robo durante los últimos 6 meses (2020), cifra que representa una disminución de 13 puntos porcentuales respecto al año 2019 (40,6%), constituyéndose en la cifra más baja de toda la serie histórica medida desde el año 2000.
La disminución de los hogares en los que algún miembro fue víctima de un delito se produce tanto en la Región Metropolitana (30,6% versus 45,0% en 2019), como a nivel regional (22,3% versus 33,5% en 2019) y en todos los niveles socioeconómicos. Además, los robos e intentos de robo, que son el delito de alta connotación social por excelencia y que más impacto personal producen en la población, disminuyeron en los hogares un 61% respecto del año 2019, y en la vía pública en un nada despreciable 27,1 %, respecto del mismo período.
Naturalmente, estas cifras están teñidas por los efectos de la pandemia, pero no dejan de impresionar si las comparamos con el resultado de la recién publicada encuesta de Espacio Público e IPSOS, que analizó cuáles son las situaciones que más perjudican a la ciudadanía.
En efecto, luego de un año 2020 con resultados como los vistos anteriormente, se les consultó a mil personas sobre cuáles son los cinco problemas más preocupantes de la realidad chilena y el primer lugar, con un 53% de respuestas, cree que la delincuencia y la inseguridad es el problema más serio que les afecta, dejando atrás a otros temas tan relevantes como la salud, la economía y la educación.
Ciertamente, esta dicotomía debiese ser una temática a resolver y comentar por las ciencias sociales, pero el sistema de justicia penal, que por cierto trabaja con casos reales y concretos, no puede verse ajeno a estas percepciones que lamentablemente influyen en más de algún interviniente a la hora de tomar decisiones y muy probablemente estén en la base del abuso de la prisión preventiva, situación que la Defensoría Penal Pública ha venido denunciando desde varios años a la fecha. Ojalá se ponga el acento más en los casos concretos y reales, que en las percepciones y temores, puesto que así el sistema, muy probablemente, fallará menos.
