Un nuevo ciclo de charlas inició la Defensoría Regional del Maule a funcionarios de Carabineros, quienes se instruyeron en la ley 21.560, la cual fue publicada en abril de este año, y aborda doce modificaciones a textos legales para fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y de Gendarmería de Chile.
La actividad fue encabezada por la Jefa de la VII Zona de Carabineros, General Berta Robles, y el Defensor Regional, José Luis Craig, quienes dialogaron con más de cien funcionarios de todo el Maule, entre los que se encontraban oficiales, comisarios y mandos territoriales, los cuales participaron de forma presencial y telemática.
“Para nosotros es esencial tener las distintas visiones que pueden representar estas modificaciones legales, desde la Defensoría, de nosotros, o también desde la Fiscalía y jueces. Es necesario enriquecer nuestro bagaje y tener claro las mejores formas de proceder para darle sentido a estas modificaciones”, indicó la General Robles.
Por su parte, Craig explicó que “la Defensoría Penal Pública es un servicio público, al igual que Carabineros, y, por ende, no nos apartamos de los mismos intereses y búsqueda de paz social. Aportamos una visión importante para el cumplimiento de la ley y nos ponemos al servicio de quienes lo requieran”.
El Defensor Regional agregó que “ambas instituciones tenemos un convenio de colaboración vigente a nivel nacional y lo hemos llevado a terreno aquí en el Maule de manera muy prolífica para entregar nuestra mirada jurídica y por eso valoramos el contexto de esta presentación que vamos a replicar en futuras ocasiones”.
Principales modificaciones
La capacitación fue dictada por el jefe de Estudios de la Defensoría Regional del Maule, Rodrigo Flores, y la postulante egresada de Derecho, Javiera Muñoz, quienes abordaron las principales indicaciones de la ley, que refuerza y protege la función de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería, además de la policía marítima y de aeronáutica civil, en su labor de protección del orden público.
El texto legal, además de incorporar sanciones por atentar contra la vida y la integridad física de funcionarios policiales, incluye elementos de protección administrativa y considera modificaciones al Código Penal y Procesal Penal orientadas a establecer la legítima defensa privilegiada, marcos rígidos para la determinación de penas y garantías procesales, con especial foco al inicio de la investigación.
