La Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, destacó durante la rendición de su Cuenta Pública Participativa, la necesidad de dotar de autonomía constitucional a la Defensoría Penal Pública y de esta manera, equilibrar el sistema de justicia.

Según argumentó, a casi 25 años de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal “el mundo y el país han cambiado, pero la Defensoría no se ha actualizado”.

En la misma agregó que la institución que actualmente dirige, ha mantenido desde su creación, un estatus de organismo dependiente “mientras que todas las Defensorías del mundo transitan a la autonomía”.

En su discurso, la máxima autoridad de la Defensoría –quien estuvo acompañada del Presidente de la República Gabriel Boric Font- explicó que es fundamental ser independiente porque “los abogados defensores penales públicos deben ajustar sus estrategias de trabajo a los intereses de su representado, no a los del gobierno de turno, ni a lo que le ordene la Defensora Nacional o los jueces o a lo que recomiende la opinión pública”.
“La autonomía se trata de los derechos de los ciudadanos, no de los defensores”, insistió.

Y aludió al reciente informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, que establece que la autonomía de la Defensoría Penal Pública es la única forma de asegurar debidamente el derecho a defensa.

Para ello, agregó, “como Defensora Nacional he convocado a todos los estamentos de la institución a un diálogo participativo, que permitirá elaborar una propuesta concreta que se ofrecerá al debate público y así dotar a la Defensoría Penal Pública de las herramientas necesarias para profundizar su función como garante del debido proceso y del derecho a defensa en nuestro país”.

Durante la ceremonia, Verónica Encima también expresó su preocupación ante el progresivo aumento de la prisión preventiva, que en 2024 tuvo un aumento del 0,5% respecto de 2023, superando los 25 mil casos.

“Un ejemplo emblemático de ello es la prisión preventiva de mujeres, que entre 2023 y 2024 experimentó un aumento de 12,6%. La situación empeora si se trata de mujeres extranjeras, a quienes se impuso la prisión preventiva en un 17,6% versus el 4,4% de las imputadas chilenas”, detalló Encina.

Y remarcó que “tales privaciones preventivas de libertad suelen tener mayor duración, lo que no obedece necesariamente a la mayor gravedad de los delitos imputados, sino a la condición de desarraigo familiar y social de las extranjeras, lo que es interpretado de modo desfavorable por la judicatura aumentando la tasa de prisionización en este caso”.

Por último, aseguró que la excesiva imposición de la prisión preventiva “se puede traducir en graves vulneraciones de derechos y trae como consecuencia la inquietante consecuencia obvia: su imposición errónea”.

“Así, en 2024, 1874 personas estuvieron en prisión preventiva, pero no fueron condenadas, manteniendo su estado de inocencia… 1874 personas vivieron la prisión sin haber tenido que vivirla nunca”, concluyó la Defensora Nacional.