Justicia que tarda, no es justicia. Una frase que por décadas resuena en la vida de 848 profesores y profesoras que en la década de los 80 vieron como sus asignaciones previsionales quedaban impagas tras ser traspasados a los municipios, hecho conocido como la deuda histórica.
Una tardanza que tiene consecuencias y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá resolver en los próximos meses, tras dar por finalizada hoy los alegatos finales en el proceso que llega casi 16 años en el sistema internacional de justicia.
Los docentes son representados por los abogados Ciro Colombara y Giampiero Fava, quienes hicieron su presentación ante los magistrados. La demanda apunta a que Chile no cumplió con 13 fallos judiciales ejecutoriados entre 1993 y 1997 que ordenaban el pago. Al día de hoy, la cifra de asignaciones impagas alcanza los $72 mil millones.
Durante su intervención, Colombara explicó que de los 848 profesores, hoy en día sólo hay más de 660 con vida. “Durante estos casi 30 años han muerto el 20% de ellos. Son adultos mayores, golpeados por pensiones miserables y, hoy día, por la pandemia. Son ciertamente un grupo vulnerable”. Los peticionarios viven en las regiones de Chañaral, Vallenar, Parral, Cauquenes, Chanco y Pelluhue.
“Al 30 de mayo habían fallecido 185. De los peticionarios, 324 tienen entre 70-79 años. Mientras que 146, más de 80 años. Es evidente que, en los próximos meses y años, tanto por el rango etario como por el Covid-19, muchos de ellos pueden morir. El viernes murió otra de las víctimas en Parral”, agregó.
Estos antecedentes llamaron la atención de los magistrados, por lo que el juez Eduardo Ferrer solicitó que “toda esa información actualizada, le pediría si pudieran mandárnosla para que nosotros la pudiésemos valorar”.
Maniobras dilatorias
“¿Cuál ha sido la posición del Estado? Dilatar y eludir el cumplimiento de las sentencias, privando a las municipales de los fondos para cumplir con los pagos al que el Estado había sido condenado. Los representantes de Chile indicaron que hubo acuerdos parciales, pagos que no llegaban a más de 9 dólares o $5 mil pesos mensuales por algunos años”.
Los abogados explicaron que Chile, durante la tramitación del proceso internacional, llevó a las víctimas a participar en solución amistosa, lo que paralizó en muchos años el avance. “Hubo mala fe del Estado, nunca hubo voluntad real de avanzar en un acuerdo. Incluso, en la etapa final el Estado pidió prórroga para hacer un planteamiento a los docentes, lo que nunca hizo. Y cada día y mes fallecían peticionarios”, señaló Colombara.
Por su parte, el abogado Giampiero Fava indicó que “el incumplimiento de las sentencias es un hecho grave en un Estado de Derecho. Y en este caso se debe exclusivamente a la falta voluntad del Estado de Chile para proveer los recursos necesarios a fin de remediar esta injusticia”.
Agregó que “es una violación flagrante del debido proceso por plazo razonable, propiedad de las víctimas y la protección judicial esta. Los profesores y profesoras han sido hasta ahora espectadores de los hechos porque por mucho tiempo vieron como el poder dictatorial alteró dramáticamente la forma de administración de la educación y ahora ven como el Estado democrático deja de restituir los montos que le fueron sustraído hace más de 40 años”.
Tras la audiencia, la Corte IDH dio plazo hasta 21 de julio para entregar alegatos escritos.
