Los fantasmas del pasado acechan y de alguna manera están presente en la compleja coyuntura que vive el país. Es lo que aborda Claudio Fuentes Saavedra, doctor en Ciencias Política, en La Transición Inacabada (Catalonia, 2021) durante la conversación que sostuvo con www.elmauleinforma.cl
Claudio, ¿a qué proceso alude a lo que denomina transición inacabada?
-En Chile en el año 1990 hubo una transición formal desde el régimen militar a un gobierno demócratico. Sin embargo, desde el punto de vista político e institucional se produjo una transición más extensa, más larga, y que involucró un proceso de reformas institucionales graduales respecto de la Constitución y otro proceso de elitización de la política. No existió entonces un proceso de democratización de los partidos que permitiese fortalecer el vínculo entre representantes y representados. Se produjo un quiebre que ya varios autores han venido señalando. La transición democrática implica el establecimiento de una institucionalidad democrática, pero también de prácticas democráticas que en el caso de Chile no han terminado de cuajar.
Situaciones no resueltas, ¿cómo entrampan a la sociedad chilena?
-Es evidente que existen una serie de situaciones no resueltas en el caso de Chile y que han frenado su consolidación, de hecho han erosionado al mismo proceso político. Por ejemplo, el modelo institucional constitucional no considera una participación incidente de la ciudadanía. Los conflictos políticos solo son resueltos por las elites. La ciudadanía solo puede afectar el proceso político cada 4 años y con su voto. Entre elecciones la ciudadanía es un agente pasivo. Aquello podría cambiar si a nivel institucional se establecen mecanismos de participación ciudadana incidente.
Otro ejemplo es que pese a que en el Congreso se dan mayorías, ello no significa que esas mayorías gobiernen. Existen instituciones contramayoritarias como el Tribunal Constitucional que tiene un impacto muy significativo en el desarrollo de una idea legislativa. Su influencia en el proceso legislativo es tal que puede frenar e impedir el debate legislativo, cuestión que existe consenso es excesiva. Por eso, debates como la titularidad sindical, el aborto, y una serie de temas relevantes terminan siendo acordados no por las mayorías del Congreso sino por un organismo que se convirtió en una tercera cámara legislativa que incluso modifica textos de ley.
Vientos de cambio
Claudio Fuentes Saavedra (Nos, 1966) es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Sus investigaciones se han orientado al estudio de los procesos políticos en Chile y América Latina. Entre sus obras destacamos El Pacto (2013), El Fraude (2013) y La erosión de la democracia (2019).
Claudio, ¿de dónde surge ese clamor ciudadano por una nueva constitución?
-En mi libro sostengo que existe una causa inmediata: el estallido social de octubre de 2018. Pero, existe también una causalidad de mediano plazo donde contribuyeron tres factores no excluyentes. Primero, una serie de activismo social durante la última década que progresivamente va adquiriendo conciencia de la relevancia de la Constitución (indígenas, estudiantes, pensionados, movimientos regionalistas, etc.). Segundo, el proceso constituyente del segundo gobierno de Bachelet que, aunque fracasado, generó un aprendizaje social muy relevante para nuestros días y que son los “cabildos autoconvocados”. Tercero, una comunidad intelectual que se activó y que ofreció alternativas para el debate constitucional sobre cómo encauzar el proceso y qué debatir en la Constitución. Estos tres factores hicieron que la política se constitucionalizara y que el 15 de noviembre de 2019 los actores políticos tomaran esa alternativa como salida al conflicto social. Cuando uno mira quiénes esa noche estaban hablando y cómo luego se negociaría el acuerdo para una nueva Constitución observa un capital de ideas y actores que venían repitiendo el repertorio de la nueva Constitución por ya casi una década.
¿Cómo aprecia el trabajo de los constituyentes pronto a iniciarse?
-Considero que se estableció un equilibrio interesante desde el punto de las trayectorias (líderes sociales territoriales, actores políticos, diferentes profesiones, paridad de género, representación indígena, expertos y expertas constitucionales, científicas, etc.) que ayudará a encauzar el conflicto social. Uno de los grandes temores que existía respecto de la Convención es que se escogiera a los mismos de siempre. Pues bien, acá no sucedió aquello: por primera vez en la historia de Chile un pueblo diverso, plural, se reúne en el foro para definir el destino de la República.
Ante tanta diversidad de opiniones y de algunas posiciones radicales, ¿qué se debe tener siempre presente para llegar a acuerdos?
-Primero, me gustaría plantear un escenario alternativo. ¿Qué hubiera pasado si en vez de tanta diversidad, sólo se hubiese elegido una Constituyente con dos fuerzas políticas centrales—Chile Vamos y ex Concertación—provenientes de una elite política y económica específica? Seguramente la desilusión hubiese sido francamente rotunda.
Entonces, la virtud de la diversidad es que efectivamente se logró reunir a lo que es la sociedad chilena, un conjunto de expresiones sociales que usualmente no han tenido voz.
La diversidad sin duda plantea el dilema de la coordinación para establecer acuerdos. Sin embargo, la homogeneidad plantea el dilema de la exclusión de aquellos que no quedaron representados. En esta Constituyente no puede apelarse a haber sido excluidos.
El segundo punto es que ningún sector logró imponerse por sobre otro. Ningún grupo radical—de izquierda o derecha—podrá imponer sus posturas. No tienen los votos para vetar algo. Esto forzará a los actores a buscar acuerdos pues esos grupos radicales podrían quedar en minoría. Si por ejemplo, un grupo mayoritario propone establecer al agua como un bien de uso público y un derecho humano en la constitución y la derecha quiere vetar aquella idea, simplemente no tendrá los votos. Pero, por el otro lado, si un grupo pequeño quiere eliminar la autonomía del Banco Central y la gran mayoría se opone, entonces ese grupo no podrá imponer esa eliminación.
Tercero, es evidente que existe otro elemento que se refiere a los liderazgos que emerjan dentro de la Constituyente. En todo grupo humano donde se delibera, surgen personas que podrán cumplir roles claves en algunos temas. En estas deliberaciones espero que se den el tiempo para generar deliberaciones que permitan abrir espacios para el acuerdo. Si todas las personas llegan a la Constituyente con posturas pre-definidas, sin duda no habrá avances.
De las declaraciones de varios y varias constituyentes intuyo que existe una predisposición a pensar en qué es lo mejor para el país en muchos de ellos y ellas.
¿Qué temas pueden hacer difícil el trabajo de los constituyentes?
-Desde el punto de vista del contexto en que se está desarrollando el proceso, existen algunas situaciones importantes que podrían afectar su trabajo. Primero, la desconfianza. Somos una sociedad muy desconfiada y cualquier diálogo de buena fe implica el interés por persuadir y ser persuadido. Como no confiamos en los y las otras, eso podría frenar las discusiones. Segundo, el contexto electoral presidencial sin duda podría contaminar el trabajo de la constituyente. Ojalá que aquello no suceda. Tercero, la pandemia podría inhibir un trabajo presencial, que es vital para generar interacciones sociales entre los y las constituyentes. Existe un elemento subjetivo de vínculo presencial en las relaciones sociales que considero vital para el trabajo de cualquier grupo humano.
Una constitución no es una varita mágica que solucione todos los problemas. ¿Qué podemos esperar de ella?
-En las sociedades, en la vida real, no existen las varitas mágicas. La Constitución determina el modo en que se jugará el juego democrático en nuestra sociedad, define una regla de convivencia general, pero no soluciona todos los problemas. Te pongo un ejemplo. Cuando vamos a jugar un partido, se definen ciertas reglas generales—el número de jugadores, el tamaño de los arcos, las sanciones si se comete una falta, la duración del partido, etc. ¿Definen estas normas quién ganará el partido? Ciertamente no, ¿Solucionan esas reglas todas y cada una de las situaciones para evitar irregularidades o una infracción?
Tampoco. Pero esas reglas nos permiten generar un marco razonable para todos y todas para jugar un partido con una cancha no tan desnivelada.
Exactamente lo mismo sucede con una Constitución. Ella define ciertos derechos, organiza el poder, y determina ciertos deberes para convivir en sociedad. Esa definición es vital, porque orientará el modo en que conviviremos. Si se define que todos tendremos derecho a una vivienda digna y que el Estado deberá regular el precio del uso del suelo para poder acceder a ese derecho, impone una clara delimitación para cumplir con ese derecho.
¿Y dónde aprecia situaciones de muy difícil acuerdo?
-En el proyecto que coordino (plataformacontexto.cl) desde la Universidad, hemos comenzado a analizar los programas de las candidaturas electas. Observamos que existen mayores consensos en temas asociados a derechos sociales, medio ambiente y algunas reformas institucionales (reducir las atribuciones al Tribunal Constitucional, por ejemplo).
Donde existen menos definiciones es en la parte orgánica de la Constitución, esto es, todo lo que se relaciona con la “sala de máquinas” (sistema de gobierno, descentralización, democracia participativa, autonomías de diversos órganos, funciones del Congreso, etc.).
Tengo la impresión que es allí donde se generarán las principales dificultades pues no existen consensos amplios sobre estas materias. Por ejemplo, en relación al sistema de gobierno, se producirá un arduo debate sobre el tema de si atenuar el presidencialismo o pasar directamente hacia un modelo semi-presidencial. Lo mismo ocurrirá en cómo definir el grado de descentralización del Estado para no afectar las enormes diferencias que existen entre regiones.
Otra tensión que se dará será entre aquellos sectores que buscarán fortalecer la democracia representativa por la vía de promover partidos más fuertes, y la participativa por la vía de incluir una mayor fortaleza de la sociedad civil no partisana en las decisiones del Estado. Por ejemplo, seguramente se dará un arduo debate sobre el establecer límites o requisitos de acceso al Congreso por parte de grupos que no son partidos políticos.
Sin duda generarán debates las cuestiones atingentes al rol del Estado en la economía y las regulaciones sobre la provisión de derechos sociales. Finalmente, la cuestión de la plurinacionalidad seguramente se aprobará, pero la incógnita será qué tipo de derechos tendrán las primeras naciones—culturales, territoriales y políticos de autodeterminación.
Eso provocará también cierta tensión.
