En mayo pasado se inició un plan piloto que busca, en delitos menores y con la figura de un mediador, que los intervinientes lleguen a un acuerdo en donde el autor asuma su responsabilidad y la víctima logre reparación, sin necesariamente imponer una pena carcelaria.
Esta labor se realiza con distintas instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad de Talca, en cuyo Campus Santiago se realizó un seminario donde el fiscal regional subrogante de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público, Francisco Jacir Manterola, explicó los detalles de este proyecto.
En ese sentido, el fiscal indicó que “el objetivo del plan piloto hasta ahora se ha ido cumpliendo satisfactoriamente. Son casi mil los casos que han entrado en el centro de mediación y se está ampliando a otras fiscalías territoriales para tener mayor cobertura”.
Por su parte, el académico de la Universidad de Talca y jefe técnico de este proyecto, Raúl Carnevali Rodríguez explicó que “este proyecto se basa en la mediación penal restaurativa, el cual supone que sean los propios intervinientes los que busquen la solución del conflicto a través de un facilitador o mediador, y que luego se materialice en una resolución judicial que refrenda lo acordado”.
En tanto, la jefa del proyecto piloto de mediación penal y académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Daniela Bolívar Fernández, acotó que “el principal desafío de este proyecto piloto ha sido definir los criterios respecto de los casos a derivar al centro de mediación, es decir, establecer con claridad cuáles son las características de los casos y cuáles deberían ser excluidos en función de ciertos criterios”.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Consejo Regional Metropolitano, Leonardo Jofré Ríos, comentó que en algunos casos los “delitos de menor lesividad no avanzan en el sistema penal que está ampliamente congestionado” y expuso que en ocasiones estos delitos resultan “con suspensión condicional de un procedimiento o finalmente Fiscalía decide no perseverar en la causa por diferentes motivos”.
Añadió que lo anterior “genera en la ciudadanía la sensación de desprotección, de que el sistema penal no opera en su favor, que el Estado no está llegando con la justicia correspondiente y eso requiere una solución que no es solo imponer una pena, sino que también buscar, como lo intenta este proyecto, que la persona afectada tenga la retribución del daño que se le realizó”.
