Se trata de las iglesias ubicadas en la comuna de Santiago incendiadas por manifestantes, San Francisco de Borja y Parroquia de la Asunción; además de la escultura denominada “El Discóbolo”, ubicada en el acceso principal del Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa. Asimismo, el Organismo se querelló por los ataques perpetrados en contra de la 20º Comisaría de Puente Alto; de la Tenencia de Carabineros La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y de la Tenencia Mauricio Rivera López, ubicada en la comuna de La Granja.
“El Consejo de Defensa del Estado interpuso hoy lunes estas seis primeras querellas para perseguir con todo el rigor de la ley a quienes sean responsables de estos hechos, cuya gravedad cumple con los criterios de intervención acordados por el Consejo previamente en relación con este tipo de acciones vandálicas, que destrozan nuestras ciudades y afectan severamente nuestro patrimonio”, señaló de forma enfática el Presidente Juan Peribonio.
En el caso de las dos iglesias, el CDE imputó el delito de incendio calificado, previsto y sancionado en el artículo 475 Nº2, del Código Penal. Respecto de los actos vandálicos cometidos en contra de la escultura ubicada en el Estadio Nacional, la querella del Consejo persigue a los responsables del delito de daño a Monumento Nacional, sancionado en el artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales. En tanto, respecto de los ataques sufridos por dependencias policiales, el Organismo invocó el delito de daño, previsto y sancionado en el artículo 486 del Código Penal, en relación con el artículo 485 Nº1 del mismo cuerpo legal, y el artículo 14D, de la Ley de Control de Armas, Nº 17.798.
El Consejo solicitó al Ministerio del Interior y al Ministerio Público todos los antecedentes que se encuentran en su conocimiento respecto de daños ocasionados en contra de bienes públicos y/o patrimoniales, así como en contra de cuarteles policiales perpetrados durante la jornada de ayer en Santiago y en el resto del país, de modo de iniciar su estudio para determinar el eventual ejercicio de acciones penales.