En la región del Maule, el número de subsidios habitacionales asignados no se condice con la cantidad de familias que requieren este para adquirir su primera vivienda, sumado a que los proyectos de integración social son entregados con instalaciones defectuosas. Iniciativas como la construcción de conjuntos residenciales en la población “Las Américas” de Talca tardan años en concretarse, aunado a que sin importar los muchos o pocos milímetros de lluvia que se precipiten a la superficie, cientos de familias padecen la inundación de sus hogares a lo largo y ancho del territorio.
El déficit habitacional es un problema de todo Chile. Sin embargo, la realidad del Maule, una región que vive de lo público, es aún más cruel. Según el Censo de 2017, se contabilizan 7.746 vivienda irrecuperables, 4.966 hogares allegados y 3.283 núcleos hacinados; un escenario alejado de lo que representa la dignidad de una vivienda.
Para Rodrigo Poblete Reyes, candidato independiente por la Lista del Apruebo a Constituyente del Distrito 17 – Maule Norte, la vivienda digna es un elemento a contemplar en la formulación del catálogo de derechos de la nueva Constitución, puesto que se constituye como el espacio vital donde las personas desarrollan su personalidad, relaciones familiares y proyecto de vida. “Es ese espacio donde las personas se sienten protegidas, donde pueden desarrollar su creatividad y su prospectiva de vida y si la vivienda no está considerada como un derecho, sino que está al mismo nivel de otras mercancías, tenemos un problema de enfoque… Es muy difícil conversar sobre otros derechos sociales, con quienes no tienen el espacio mínimo vital garantizado”.
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A juicio del también abogado, especialista en Derecho Constitucional, la primera vivienda debe estar reconocida como un derecho, sumado a contenidos mínimos asegurados desde la Constitución, de manera que ordene a que la legislación y las políticas públicas se estructuren sobre ciertos principios que hoy están completamente ausentes.
Como parte de su compromiso con la temática, plantea que este derecho debe garantizar habitabilidad, disponibilidad de servicios, materiales e instalaciones, asequibilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
4,6 mtrs.2 /habitante es el promedio de garantía de vivienda en el Maule. No obstante, la Agencia Europea para el Medio Ambiente y la Organización de Naciones Unidas recomiendan 20 mtrs.2/hab. y 60 mtrs.2/hab., respectivamente.
Estado garante
Se ha delegado en particulares la coordinación y prestación de tareas públicas. Sin embargo, “se requiere un Estado más activo, con capacidad instalada para agenciar servicios de carácter público relacionados a la vivienda y que, en caso de externalizar algunas tareas, sean las extremamente necesarias, sujetos a una lógica estatal… El boucher y el subsidio han sido bastante perversos, además que terminan siendo un incentivo para aquellas empresas que invierten en el rubro, sin importar que sea una prestación de servicio público”, comenta Poblete, quien subraya que cuando una inmobiliaria decide construir, aun siendo viviendas con subsidio, toma decisiones comercial sobre otras, por no tener el deber de prestar funciones de carácter de bien común. Ese es un rol que se exige al Estado.
“Cuando el Estado entrega estas funciones al privado, debilita la exigibilidad de los derechos. ¿Dónde está el Estado cuando quienes están inundados son habitantes de su jurisdicción y sujetos a su garantía de derecho?, se pregunta el candidato a constituyente, para quien el derecho a una vivienda digna debe estar consagrado en la Constitución de Chile, porque la dignidad parte por casa”, concluyó.
