Para este martes está agendada la votación en pleno del artículo 18 aprobado en la Comisión de Derechos Fundamentales, que establece un sistema único de salud que elimina a las isapres, y restringe, además, a un mínimo la participación de los seguros complementarios.
Esta iniciativa ha sido duramente cuestionada por expertos en salud, médicos y exautoridades de la cartera, por las implicancias que podría tener en el acceso de los pacientes a las prestaciones. Y a esta ola de críticas se suma el sondeo “Percepciones sobre la Salud” realizado por Cadem, que evidencia una opinión mayoritariamente contraria a lo propuesto por la citada Comisión.
De acuerdo con la encuesta, el 74% de los consultados considera que los chilenos deben tener el derecho a optar entre un sistema de salud público y uno privado. Y cuando se les pregunta por su preferencia a los afiliados a Fonasa, el 48% optaría por pertenecer a una Isapre, mientras que el 45% elegiría Fonasa.
Además, el 68% de las personas considera que eliminar a las isapres no resolverá los problemas de salud en el país y el 82% opina que lo primero que debe reformarse es Fonasa, lo que refuerza la idea de que la propuesta representa un grave error, y un salto al vacío en una materia tan delicada y prioritaria como es la salud de la población.
Otro tema relevante que muestra la encuesta es la evaluación que se tiene del sistema de salud público y privado. En este sentido, la gran mayoría de las personas encuestadas -el 75% incluyendo a usuarios de Fonasa y de Isapres-, considera que la calidad de la salud es buena o muy buena en el sistema privado, mientras que sólo un 22% evalúa satisfactoriamente al sistema público. Incluso, el 86% opina que el sistema público debería mejorar mucho para entregar un buen servicio a todos sus usuarios.
En ese contexto, Gonzalo Simon, presidente de la Asociación de Isapres de Chile, llamó a los convencionales a corregir la propuesta, ya que “la norma que se va a votar pretende que solo exista el sistema público, cuando objetivamente está sobrecargado y con listas de espera. Por ello, lo que esperamos es que el pleno reflexione, rechace esta norma y pueda corregirla, porque lo que corresponde es mejorar el sistema público, no desmantelar el aporte de los privados. Es duro, pero es cierto: hoy está en manos del pleno de la Convención el destino de la salud de los chilenos”.
Adicionalmente, el representante de las isapres advirtió que hay otro elemento relevante que poco se ha discutido. “La norma no solo saca a las isapres de la seguridad social, sino que además restringe su cobertura en caso de operar como seguros complementarios. Efectivamente, se establece que habría un Sistema Nacional de Salud al que todas las personas estarían adscritas, con sus respectivas cotizaciones legales del 7%. A eso se agrega que los seguros complementarios no podrían otorgar coberturas que sean parte del Sistema Nacional de Salud, lo que implica que se podría ofrecer protección financiera en menos del 10% de las prestaciones conocidas”.
A modo de ejemplo, Simon destacó que “los seguros podrían ofrecer coberturas para cosas menos urgentes, como cirugías plásticas para embellecimiento, pero ante una apendicitis las opciones serían solo dos: acudir al sistema público o bien recurrir a una clínica privada, pagando la atención completa, sin reembolso ni copago del plan de salud. Todo esto es absolutamente contrario a lo que la ciudadanía espera y demanda para mejorar su percepción sobre la salud en Chile”.
La encuesta de Cadem también entrega información importante respecto de cómo la ciudadanía espera que se resuelvan los desafíos en materia de salud en Chile. En este sentido el 76% de las personas consultadas considera que en la Constitución debiera garantizarse el derecho a la salud, con independencia de quien lo otorgue. Lo anterior, en línea con que un 58% opina que la Constitución debería consagrar el derecho a la salud en términos generales, para que futuras ley regulen el detalle.
“Estos datos dan cuenta de un tema de fondo que tiene que ver con algo central en el debate y que no ha sido considerado en la discusión de la norma aprobada. Se trata de que los derechos son los que deben consagrarse y que el Estado debe tener un rol rector y garante de esos derechos, y entonces, en el otorgamiento de esos derechos, pueden participar actores públicos y privados, de modo que complementariamente puedan contribuir al complimiento de esas garantías, con calidad y oportunidad”, indicó el titular del gremio.
