Hace algunas semanas el Mineduc presentó su nueva Política Nacional de Convivencia Educativa (PNCE) siendo la cuarta actualización en alrededor de veinte años de vigencia de este plan, que cuenta con principios, dimensiones, cartillas, entre otros, para orientar a las comunidades educativas en el área de la convivencia escolar.
Sin embargo, para la Asociación de Educadores de Chile (ASEDUCH) “el Ministerio de Educación podría haber hecho un esfuerzo mayor, dada las altas cifras de violencia escolar conocida en los últimos años. Era una urgencia imperativa haber trabajado una PNCE en mayor profundidad, que incluyera datos empíricos para evaluar su efectividad, con mediciones cualitativas y cuantitativas que respalden sus estrategias y objetivos”, indicó James Tucker, director de Aseduch.
La entidad gremial, resume en distintos puntos sus críticas al plan presentado por el Ministerio de Educación, “que precisamente busca colaborar para mejorar distintas dimensiones involucradas en la convivencia escolar”, indican.
Por ejemplo, en el documento entregado, explican “se habla de la ética del cuidado dando énfasis a los bienes públicos y se omiten los privados, como si el fruto del trabajo de una persona no tuviera el mismo valor. Esta omisión se repite en todo el texto, lo que nos parece preocupante, ya que desde pequeños hay que enseñarles a los niños a cuidar las cosas propias y la de los demás”, expresa José Luis Velasco, presidente de la Asociación.
Por otro lado, aseguran que “el único principio que la Política desprende de la justicia es la inclusión, que busca reconocer las más diversas expresiones ‘para construir comunidades educativas pluralistas y garantes de derechos’. Sin duda, es un principio muy relevante en una sociedad diversa y democrática, pero la justicia abarca mucho más que la inclusión, especialmente cuando se aspira a construir espacios de sana convivencia y desarrollo para los estudiantes. El respeto, la igualdad y la equidad son valores fundamentales, como se plantea, pero también lo son el esfuerzo en el cumplimiento de los deberes, el acatamiento de las normas, la responsabilidad o asumir las consecuencias de los propios actos, por nombrar solo algunos”, señala el profesor Velasco.
Asimismo, critican el enfoque dado por el Mineduc al PNCE, ya que carece de datos cuantitativos y cualitativos, que permitan respaldar las acciones, estrategias y objetivos. “Incorporar una metodología basada en datos podría proporcionar una imagen más clara del estado actual de la convivencia educativa, identificar problemas específicos y ayudar a diseñar intervenciones que aborden directamente los desafíos observados”, señalan.
Además, insisten en el rol de la autoridad pedagógica de lo docentes y directivos del establecimiento educacional en la aplicación de planes de convivencia educativa: “esta autoridad ha sido mermada por una serie de leyes e instituciones que actúan desde fuera de los centros educativos, reemplazando las decisiones pedagógicas de los profesionales del área por análisis y decisiones de tipo jurídico, Dado lo anterior, los problemas de convivencia no sólo no se resuelven, sino que se agravan, ya que muchos de los estudiantes involucrados, especialmente adolescentes, creen que pueden actuar sin límites o que pueden sobrepasarlos sin ninguna consecuencia”, enfatiza Velasco.
¿Entonces cómo mejorar?
Desde Aseduch indican que es posible realizar mejoras al PNCE, con “voluntad política y estratégica, mirando no sólo los puntos que ideológicamente le convienen a este gobierno”, dice el profesor James Tucker.
Entre algunos ejemplos para la mejora, señalan que se podría incorporar análisis basado en datos en su proceso de formulación e implementación de políticas educativas, que permitan comprender las condiciones actuales e investigaciones continuas para rastrear la efectividad de las intervenciones.
Así como también, detallar estrategias de implementación, para delinear estrategias específicas y accionables para alcanzar sus objetivos, acompañadas de cronogramas claros y asignaciones de responsabilidades. Esto ayudaría a asegurar que los principios éticos e inclusivos de la política se traduzcan en práctica de manera uniforme.
Emplazan además a modificar la normativa educacional, con el fin de transferir de vuelta a los colegios algunas atribuciones que hoy están en la Superintendencia de Educación, de modo que sea viable implementar los distintos proyectos pedagógicos. “Hoy se ha burocratizado la relación educativa a base de protocolos, como si éstos fueran la gran solución. Pero los profesores sabemos que la educación es un proceso de relaciones humanas. Por eso, proponemos un Estatuto de Directores, que entregue atribuciones al director de cada establecimiento de modo de apoyar su gestión, y a su vez la de profesores y educadores. Se requiere, especialmente, quitar la carga burocrática que implica para los equipos directivos la relación con la Superintendencia de Educación, pudiendo resolverse la mayoría de los conflictos al interior de la propia comunidad escolar.”, señala el presidente del gremio, José Luis Velasco
También proponen crear Unidades de Derivación Educativas, que proporcionan un servicio educativo crucial para estudiantes que no pueden participar en entornos educativos convencionales de manera permanente debido a diversos desafíos o dificultades que presentan. “Estas unidades sirven como provisiones educativas alternativas, específicamente organizadas para atender a dichos estudiantes de manera transitoria, para que sean adecuadamente apoyados antes de reintegrarse a las estructuras escolares existentes”, explica James Tucker.
