Por 91 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, la Sala respaldó el informe de la comisión mixta que resolvió las discrepancias entre la Cámara y el Senado respecto del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública.
La iniciativa, que será remitida al Ejecutivo para su promulgación, inició en un mensaje presentado a trámite el 27 de septiembre de 2021 por el expresidente Sebastián Piñera. El Senado lo aprobó el 19 de junio de 2023 y lo remitió a la Cámara para cumplir su segundo trámite. Las y los diputados introdujeron una serie de modificaciones, lo cual derivó finalmente en una comisión mixta.
Su informe, ratificado así en ambas cámaras, resolvió que de el Ministerio de Seguridad Pública -que tendrá a cargo el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público- dependerán “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, integradas por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, en su calidad de instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes”.
El o la ministra dictará orientaciones técnicas para la elaboración de los planes y programas de formación y capacitación de dichas fuerzas, junto con aprobar estos planes.
El Ministro o la Ministra efectuará la coordinación sectorial e intersectorial y, para ello, estará a cargo de planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas y fiscalizar las actividades dentro del ámbito de sus atribuciones.
Además, podrá solicitar a cualquier órgano de la Administración del Estado, los antecedentes o informaciones que estime pertinentes, aún si tienen el carácter de
secretos o reservados. Pero, en ningún caso antecedentes cuya divulgación afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación penal en curso.
Consejos de Seguridad Pública
El Sistema de Seguridad lo integrarán los órganos de la Administración del Estado con competencia en la materia, junto al Ministerio Público, las municipalidades y entidades públicas o privadas.
Además, se crea un Consejo Nacional de Seguridad Pública y un Consejo Nacional de Prevención del Delito, que serán instancias de coordinación, colaboración y asesoramiento en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública.
Los integrarán los Ministros o Ministras del Interior, Defensa Nacional, de Hacienda, de Justicia y Derechos Humanos, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones y el Director Nacional de Gendarmería de Chile.
La mixta también resolvió añadir Consejos Regionales y comunales. Los primeros los presidirá el delegado presidencial, donde el seremi de Seguridad Pública será su secretario ejecutivo. Los comunales, en tanto, se regirán por lo dispuesto en la LOC de municipalidades.
El Ministerio de Seguridad Pública contará con un Centro Integrado de Coordinación Policial a cargo de un Oficial General de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública designado por el Ministro o Ministra de Seguridad Pública.
Y, se desconcentrará territorialmente a través de las secretarías regionales.
Debate
A favor del proyecto, que es parte de la priorización legislativa en materia de seguridad, se sostuvo que permite contar con un órgano especializado en criminología, enfocado exclusivamente en el seguimiento y prevención delictiva.
También se recalcó que el Ministerio “ya está aprobado” y que es uno de los mayores avances institucionales de los últimos años. Además, que el presente informe zanja materias como las facultades que ahora tendrá el Ministerio del Interior y la expresión territorial del nuevo Ministerio.
Hubo voces que también manifestaron que si bien la propuesta no les gusta 100%, no hay duda que es un avance para combatir la delincuencia y resolver el problema de inseguridad.
Así por ejemplo, se valoró que se pasa de un modelo que va más allá de la represión del delito a un diálogo, con un centro de protección ciudadana, que permita entregar respuestas adaptadas a cada comunidad.
Se sostuvo que no aprobar estos cambios sería una irresponsabilidad, porque dejaría a la nueva entidad con vacíos en su organización. Y, que la seguridad debe ser siempre una política de Estado, por lo que es apropiado separar dichas funciones de las de carácter más político del Ministerio del Interior.
Desde el Ejecutivo, la ministra Carolina Tohá dijo que esta no es “la respuesta” a todo, pero es un elemento clave” porque fortalece la capacidad del Estado de enfrentar un escenario complejo y dinámico como es la seguridad.
También enfatizó que el ministerio ya está aprobado, pero si los cambios concordados en la comisión mixta no se respaldan, tendremos un ministerio “sin pies ni cabeza”. Criticó que se llame a los funcionarios públicos como “grasa”, porque son servidores públicos. Los cuadros técnicos e intermedios son trabajadores del Estado y no del gobierno de turno, subrayó.
Aumenta burocracia
Las ofensivas en contra se fundaron principalmente en el aumento burocrático del número de funcionarios que se sumarán al Estado con la nueva estructura.
Además, que los fondos que implican esta entidad no se destinen a mejorar los recursos de carabineros. Al respecto, se cuestionó si la existencia de un nuevo seremi disuadirá al crimen organizado, que esto no cambiará la seguridad pública ni tendrá impacto para los vecinos.
Del mismo modo, que las funciones que se disponen al Ministerio de Seguridad ya existen y solo se cambian de lugar, pero que no se hace nada para avanzar en políticas reales de combate a la inseguridad.
Asimismo, se criticó la estructura territorial propuesta en este informe, porque llevará a confusión en el accionar diario de las fuerzas de orden sobre su dependencia y que eso es un error histórico.
