Defensadeudores.cl, una marca de Grupo Defensa, superó en menos de dos meses la presentación de cien recursos por insolvencia financiera ante los tribunales del país. El estudio jurídico proyectó que gestionará más de mil quiebras durante 2023, como consecuencia de una situación económica marcada por la inflación, el término de las ayudas directas a las personas y una posible recesión en el país.
A nivel nacional y de acuerdo a cifras del poder judicial, las solicitudes de quiebra y liquidaciones forzosas de personas naturales y empresas crecieron en un 47% durante enero en comparación a igual periodo del 2022. Las zonas con mayor alza fueron Arica, con un 225%, Temuco, con 270% y Valdivia, con un 300%.
Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de Defensa Deudores (entidad que ha beneficiado a más de medio millón de personas en más de 20 años), llamó a la ciudadanía a informarse sobre las alternativas legales que define la Ley de Reorganización y Liquidación de activos de Empresas y Personas (Ley 20.720), también conocida como Ley de quiebra.
“Los beneficios de acogerse a esta normativa son poder salir de una situación de sobreendeudamiento, logrando la remisión de todo lo que se debe y el perdón de todas las deudas impagas, posibilitando, lo más importante, que es la rehabilitación financiera de las personas, es decir, salir de Dicom”, explicó el abogado de la firma legal, la primera en nuestro país en obtener una sentencia que declaró la quiebra de una persona natural cuando se creó la Ley en 2014.
Cómo iniciar la rehabilitación financiera
La Ley de quiebra permite a las personas y empresas que se encuentran en crisis financiera terminar con sus problemas de endeudamiento y reemprender a través de herramientas legales.
Ricardo Ibáñez recomendó que todas las personas en una situación de este tipo deben informarse sobre las herramientas legales disponibles. Para ello, el fundador de Defensa Deudores precisó que se debe buscar asesoría rápidamente, ya que son los abogados los responsables de patrocinar una causa ante el tribunal competente.
“En este trámite se hace una relación de todas las deudas y los activos del deudor, así como los juicios que pueda tener pendiente y los hechos que lo influyeron para llegar a la insolvencia. Los plazos con los que opera la ley son, en la práctica, de entre 18 y 24 meses para salir del registro de deudores y tener la oportunidad de volver a insertarse en el sistema financiero”.
Vigente desde 2014, la regulación aplica para micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, personas jurídicas sin fines de lucro y personas naturales. Del total de recursos presentados por Defensa Deudores en las primeras semanas del año, más de un 70% corresponde a personas naturales.
Seguir adelante tras una quiebra
En el caso de las personas, la normativa entrega dos alternativas: renegociar deudas con nuevas y mejores condiciones de pago, con el apoyo de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, sin costo para el deudor, y también liquidar los bienes mediante una venta rápida y ordenada para pagar las deudas, es decir, la quiebra.
En el ámbito corporativo, la ley establece otras dos vías posibles para las empresas: reorganización, que tiene el mismo fin que la renegociación, pero no es gratuito y la quiebra voluntaria, es decir, la liquidación de bienes para pagar lo adeudado.
Ricardo Ibáñez destacó que la principal contribución que ha hecho esta ley a los ciudadanos es pavimentar su acceso a herramientas legales que permitan superar sus problemas de endeudamiento. “Antes de la entrada en vigencia de la ley en 2014, este tipo de trámites era asequible para grandes empresas. Hoy vemos como miles de personas, empresas pequeñas y medianas, también han podido rehabilitarse financieramente”, puntualizó.
