A cuatro meses de recibir la administración de la Municipalidad de Parral, el alcalde Patricio Ojeda, junto al Concejo Municipal, estableció ejecutar una auditoría externa, la que está en proceso de licitación para ser adjudicada.
Además, la Contraloría General de la República (CGR) está llevando adelante sumarios administrativos, los que involucra a ex y actuales funcionarios municipales.
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Durante el primer Concejo Municipal de este mes, se informó del avance de ambos procesos, los que en su investigación contempla el último periodo de la anterior administración comunal.
El objetivo principal es transparentar distintas acciones comprendidas en el período anterior, bajo la legalidad y probidad, siendo pioneros en la búsqueda y denuncio de situaciones que la misma comunidad exige esclarecer.
El Alcalde Ojeda aseguró que “para efectos de determinar la labor financiera y administrativa, se contratará una auditoría externa, la que actualmente está en licitación. Nuestra intención es determinar la administración financiera y administrativa a la que estuvo sujeta la municipalidad durante los últimos cuatro años y que nos darán cuenta de la legalidad y eficiencia de los recursos públicos usados en la comuna”.
Además, en el Concejo Municipal se dio cuenta de un sumario administrativo que está realizando la CGR en la Municipalidad. Lo anterior, pues fueron ellos quienes identificaron un eventual mal uso de recursos públicos por parte de la anterior administración, en virtud de favorecer una campaña política.
“La Contraloría entregó un informe con fotografías, audios y una serie de indicaciones por parte de altas autoridades del periodo anterior, que probablemente favorecieron una campaña con recursos públicos. Donde se identifica el uso de camionetas municipales, recursos y audios, donde se habría instruido a los funcionarios que se ajustaran a los requerimientos de campaña”, puntualizó el alcalde.
Asímismo, Patricio Ojeda dijo que “es de urgencia esclarecer los hechos, porque los recursos le pertenecen a los parralinos y no a un candidato. Porque se necesita transparencia y garantías de que sus recursos se ocupan legalmente y no con objetivos ajenos a la administración pública”.
