Es del todo normal que muchos cuando se ven en desventaja se unan a las mayorías; ha ocurrido a lo largo de la historia y los ejemplos sobran.
Lo más trascendental de ese fenómeno debiera ser que las propuestas sean de conocimiento y consensuadas por todos y no propuestas solamente por quienes son los máximos responsables del problema.
Es difícil poder entender y menos concebir que una propuesta cualquiera sea, venga desde el seno de un Gobierno con un mínimo apoyo de la ciudadanía, donde las últimas encuestas lo ubican en un 9% de aprobación, sin agenda propia, que cuenta con técnicos en sus ministerios que definitivamente no funcionaron en las propuestas y las soluciones programadas, y una clase política que vive unos de los peores momentos de representatividad desde al menos el retorno a la Democracia.
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Qué podría ofrecer o comprometer un gobierno a 10 meses de terminar y un grupo de parlamentarios que no tienen ninguna credibilidad en la masa social. Dicho sea de paso, que cualquier candidato propuesto por estas esferas no solo no entusiasma al electorado, si no que reciben el más amplio rechazo de la ciudadanía que, por otro lado, en función de su desesperación comienza a poner oídos a muchos populistas que emiten lindas y encendidas frases, pero carentes de un plan concreto y especifico.
Entonces, qué son los llamados mínimos comunes. A la luz de las circunstancias, no son más que una reunión de representantes que se juntan con el gobierno a tratar de salvar el momento electoral, con medidas cortoplacistas y de asistencialismo temporal, que en nada contribuyen a solucionar el problema de fondo de la crisis.
Tratar de organizar políticas para mantener el status quo son un parche a una herida que no dejara de sangrar, porque el problema económico del país no se soluciona tratando de quedar bien con la gente, el problema del país es su modelo.
Bonos, Ifes, retiros de la Afps, ingreso básico garantizado, todas medidas temporales, si bien solucionan la necesidad de miles de personas en el corto plazo, tiene por objetivo asistir momentáneamente el problema, pero no son soluciones estructurales que vayan al fondo del asunto.
El mejor ejemplo que grafica la intención de mantener lo establecido, es el gran acuerdo social organizado por las cupulas políticas del país durante el estallido del 2019, cuando se organizaron para dictar las reglas acerca de cómo debía ser la elección de los constituyentes, entre otras cosas. El problema que tenemos es que se ve poca o nula intención de cambiar el destino, la forma como se estructuro el modelo económico y menos ceder espacios de poder a mucha gente capacitada y capaz de hacerlo mejor, o al menos con algún grado de sentido social.
El tema en Chile, no son los mínimos comunes, son los máximos necesarios, esos que nos permitan crecer con esfuerzo y con la recompensa para todos.
Con respecto a los máximos necesarios, es urgente comenzar a conversar acerca de una adecuada y regulada política laboral, la inversión privada es bienvenida, no es para nadie desconocido la gran contribución al empleo que esta genera, además que en eficiencia no se compara a la misma labor que podría desempeñar un ente público.
Pero también hay que terminar con la enorme brecha salarial que mantienen. No es posible que un gerente gane 50 y 70 veces más que el ultimo de sus empleados, toda empresa que mantiene esa práctica implica que genera utilidad que debe ser compensada de manera más proporcional. Por lo tanto, cuando hablemos de incentivo al empleo, este se debe pagar con exenciones tributarias directamente proporcionales a la calidad del empleo que se genera.
Es urgente comenzar a discutir la obligación del Estado en aspectos sociales, nadie habla de que manera terminaremos con el negocio de la salud y su regulación, factor que un Estado debe proteger por derecho propio. No se está en contra de la Salud privada, se reconoce su calidad, pero ella no puede funcionar en desmedro del financiamiento de la salud pública, esa donde el 80% de la población acude por falta de financiamiento.
Cuando hablaremos de sincerar las cifras de desempleo y la forma como poder adquirir recursos que permitan subsidios reales y permanentes a familias abandonadas por una focalización mal estructurada, que no les permite clasificar al acceso de recursos. Al respecto en Chile quien vende globos tiene un trabajo remunerado y es reconocido como un emprendedor, cuando la clasificación que debiera ser es que esa persona es un cesante, que no tiene capital para cubrir las necesidades básicas de la familia que mantiene. De esa clasificación nadie tampoco habla.
Se escucha decir que se aprobará una ley de impuestos a los super ricos, yo pregunto, qué impacto tiene esa ley, cuántos recursos adicionales llevara a las arcas fiscales la aplicación de una normativa como esa.
No sería mejor decir que aplicaremos impuestos a los holdings que gozan de grandes utilidades, que aplicaremos escalas impositivas a las empresas extranjeras, que subiremos las barreras arancelarias a la importación de productos para poner en práctica la manufactura nacional. En Chile un kiosco de diarios paga más impuesto territorial que un supermercado.
Eso es lo que debemos corregir.
Cuando hablaremos de los gastos en defensa es irresponsable en el mundo en que vivimos acabar con la defensa, pero es lógico pensar que si es posible bajar ostensiblemente el gasto en la adquisición de equipo y gasto de estructuras e instituciones en tiempo de paz. Es claro que hoy la defensa está inmersa en la globalización del mercado de las grandes potencias, nadie se defiende solo, y en un país donde las inversiones Asiáticas, norteamericanas y europeas han aumentado considerablemente en el último tiempo, es bueno pensar si estas inversiones están o no protegidas.
Cuando hablaremos de profesionalizar la política y disminuir el gasto legislativo, solo por nombrar algunos casos, diré que en Francia el salario de un miembro de la Asamblea nacional es de 7.000 Euros y cualquier beneficio adicional que se requiera, dígase autos, departamentos u otro, pueden ser obtenidos por préstamos otorgados por la misma Asamblea en un plazo máximo de 10 años. En la misma dirección, Alemania gasta en representación, 7.600 Euros, Italia 5.400 Euros, España 3.126 Euros, Suecia 5.102 Euros, etcétera.
La lista es larga, entonces es posible pensar que Chile pueda tener altos grados de eficiencia pagando menos y con mejores resultados, ya que, si uno suma los valores anteriormente enunciados, estos son el equivalente al gasto solo de asesorías del modelo parlamentario chileno.
Las medidas que requiere Chile para solucionar su problema social y económico, son muchas, pero es más fácil aquella efectista, que acapare la atención, que me dé réditos, que incluso me proyecten como presidenciable y me asegure que mis niveles de confort no serán perjudicados.
Chile no merece y no necesita mínimos comunes, requiere de nuevas normas regulatorias que terminen con el abuso y la desigualdad. Es probable que un cuarto retiro de la AFP o la dádiva de un ingreso universal temporal solucionen la necesidad del corto plazo, pero lo que realmente irá en beneficio de todos es pensar en dibujar un país con nuevas reglas que permitan vivir en una sociedad sintonizada con un plan de futuro; esos planes que hacen que los países crezcan con beneficios compartidos para no repetir la historia que hoy nos hace esperar a que quienes que son responsables del problema, fijen un piso mínimo común que no solucionará el problema , ya que este es en el fondo planificar cómo nos organizamos.
Rodrigo Araya Attoni
