Cuando el fertilizante no
La calidad de los fertilizantes utilizados en la agricultura volvió a instalarse en la discusión nacional, poniendo sobre la mesa la necesidad de fortalecer la fiscalización, garantizar la transparencia en la comercialización de estos productos y proteger la inversión de los agricultores. Se trata de un tema especialmente relevante para el sector agrícola, considerando que una deficiencia en la composición de los insumos puede afectar directamente el desarrollo de los cultivos y sus resultados productivos.
En este contexto, las modificaciones a la Ley N.º 21.349, que regula la composición, etiquetado y comercialización de fertilizantes y bioestimulantes, han reactivado el debate sobre las responsabilidades de quienes participan en esta cadena. A ello, se suma la discusión sobre las sanciones ante eventuales incumplimientos y la necesidad de que las medidas de fiscalización permitan resguardar efectivamente a los productores.
El académico y experto en el tema del Departamento de Ciencias Agrarias de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales UCM, Dr. Javier Sánchez Contreras, comentó que un producto cuya composición no coincide con lo declarado puede provocar pérdidas productivas y económicas difíciles de revertir.
“Si el agricultor confía en un 15% de nitrógeno y recibe un 5%, la planta sufre una deficiencia nutricional que no se puede corregir de inmediato. El problema es que el productor no tiene un laboratorio en el campo y los síntomas visuales, como hojas amarillas o poco crecimiento, suelen aparecer cuando el daño ya está hecho”, explicó.
El investigador agregó que muchas veces las consecuencias se evidencian recién al término de la temporada agrícola, cuando disminuye el rendimiento, los frutos presentan menor calibre o las plantas no logran resistir condiciones de estrés. Esto significa que el agricultor puede haber invertido recursos en un producto que no cumplió con su función, sin posibilidades reales de recuperar las pérdidas.
Fiscalización y protección para los productores
Uno de los aspectos que ha surgido en la discusión es la necesidad de que las sanciones no solo representen una multa para quienes incumplen la normativa, sino que también permitan proteger a los agricultores afectados. En esa línea, el gremio Agricultores Unidos ha planteado establecer compensaciones económicas directas cuando análisis oficiales comprueben deficiencias de nutrientes superiores a las tolerancias permitidas.
Para Sánchez, esta medida contribuiría a equilibrar las responsabilidades dentro de la cadena comercial: “Una sanción económica al fabricante que va a las arcas fiscales no repara el daño al agricultor. La propuesta de compensación directa protege efectivamente al productor porque internaliza el costo del incumplimiento en la cadena comercial”, sostuvo.
El académico también considera fundamental fortalecer las capacidades del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), especialmente mediante una fiscalización basada en riesgos, que contemple controles de trazabilidad, toma de muestras sorpresivas en fábricas, establecimientos comerciales y predios agrícolas, además de análisis de laboratorio que permitan verificar la composición declarada y detectar posibles contaminantes.
El aporte de la UCM a la innovación agrícola
Más allá de la discusión normativa, el Dr. Sánchez destacó que las universidades y en específico, la Universidad Católica del Maule, cumplen un papel relevante en la generación de conocimiento, la evaluación independiente de productos y la capacitación de los agricultores.
Un ejemplo de esto, es el trabajo que ha realizado el académico y que ha sido reconocido por su trayectoria en innovación y transferencia tecnológica, distinción que pone en valor su contribución al desarrollo de soluciones aplicadas al sector agrícola; reflejo del trabajo colaborativo y del ecosistema que se ha construido en la Universidad.
El Contrato Tecnológico desarrollado por el académico junto a la empresa Hidalga SpA, en el marco de un proyecto de investigación y desarrollo, orientado a la innovación y validación de un prototipo mejorado del bioinsumo Hidalga Plus, expresa el desarrollo de soluciones tecnológicas vinculadas a una agricultura más sostenible.
De acuerdo con el investigador, los ensayos de campo realizados en cultivos como acelga, tomate industrial, cerezo y vid han mostrado resultados positivos, con incrementos significativos en el rendimiento y calidad de los frutos, además de un enriquecimiento de la microbiota benéfica del suelo.
“Los resultados agronómicos y microbiológicos superaron nuestras expectativas. Esto no solo es una gran noticia para la empresa, que podrá llevar esta tecnología al mercado, sino que también es un ejemplo concreto de cómo la UCM, a través de su Política de Sostenibilidad, impulsa soluciones que protegen la tierra y aseguran el futuro de la agricultura”, señaló con orgullo.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Dirección de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica (DIDTT) de la UCM y la colaboración de los servicios de investigación agrícola de la empresa DeserFrut, “ellos son el motor que permite a los académicos como yo, transformar el conocimiento científico en soluciones reales para la sociedad. La DIDTT no solo nos apoya en la gestión del contrato y la protección de la propiedad intelectual, sino que también nos conecta con el sector productivo, facilitando que la investigación aplicada tenga un impacto directo en la región y en el país” comentó.
Finalmente, Sánchez plantea que la discusión sobre la calidad y regulación de los fertilizantes también representa una oportunidad para avanzar hacia un uso más eficiente de los nutrientes e impulsar alternativas basadas en bioinsumos y bioestimulantes.
“Si un fertilizante está garantizado y es de calidad, el agricultor puede hacer un uso más eficiente de los nutrientes, aplicando la dosis exacta y evitando la sobrefertilización que contamina las aguas subterráneas”, concluyó.
