La iniciativa incorpora los siguientes aspectos:
- Consagra expresamente en la Carta Magna la seguridad pública como un deber del Estado.
- Crea un nuevo Estado de Excepción para enfrentar graves alteraciones de seguridad pública causadas por organizaciones criminales o terroristas. Esta reforma permite que el Presidente decrete este estado de excepción para actuar en barrios, polígonos o territorios capturados por organizaciones criminales. Tendrá una duración acotada, se renovará tras ser aprobada por el Congreso y las Fuerzas Armadas podrán apoyar a las policías en tareas de vigilancia, logística, control perimetral o apoyo técnico. Este estado de excepción permitirá establecer controles de desplazamiento y reunión, así como requisar bienes y acceder a telecomunicaciones, entre otros aspectos.
- Se crea un registro para reconocer oficialmente a determinadas organizaciones como criminales o terroristas. El Estado, mediante decisión fundada del Ejecutivo y con control del Senado, podrá calificar a esa organización en base a criterios objetivos.
- Se establecen regímenes penitenciarios diferenciados para los líderes de organizaciones criminales o terroristas.
- Se facilita la incautación y liquidación de los bienes del crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.
Durante la actividad, el jefe de Estado manifestó que “ha cambiado la mano. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando siempre en un mismo norte, recuperar la seguridad para nuestros compatriotas. Bien lo señalaba el ministro, no hay libertad sin seguridad. Incluso se pone en riesgo la democracia si no hay seguridad y eso lo hemos visto en otros países de manera dramática, cómo el crimen organizado va ocupando territorios completos y se pone al mismo nivel del Estado, con el mismo poder de fuego, con influencia lamentablemente en instituciones que son permeadas por el crimen organizado”.
La ACOT es una robusta agenda que contempla el trámite de más de 20 proyectos de ley que ya están en el Congreso y el ingreso de, al menos, una docena más.
