La seguidilla de agresiones a profesores, amenazas de tiroteos, ataques entre estudiantes y hechos de violencia registrados durante las últimas semanas en establecimientos educacionales no sólo ha instalado nuevamente el tema en la agenda pública. También parece haber consolidado una percepción compartida por la ciudadanía: la violencia escolar se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrenta el sistema educativo chileno.
Esa es la principal conclusión de una encuesta nacional elaborada por el Observatorio Social de la Universidad del Alba junto a Ipsos, que muestra que el 86,2% de los chilenos considera que la violencia escolar ha aumentado durante los últimos cinco años, mientras que el 85,3% estima que los hechos violentos entre estudiantes ocurren con frecuencia o mucha frecuencia en los colegios.
Pero el estudio también deja una señal política relevante. Frente a la pregunta sobre cuáles son las medidas más efectivas para enfrentar esta crisis, la opción más respaldada fue la expulsión inmediata de estudiantes violentos (46%), seguida por la incorporación de orientación psicológica permanente en los establecimientos (38%), una mayor autoridad para profesores y directivos (35%) y una mejor capacitación de docentes y asistentes para enfrentar situaciones de violencia (35%).
Los resultados muestran que la ciudadanía no opta exclusivamente por el castigo ni únicamente por la prevención. Más bien exige una combinación de ambas estrategias: respaldo institucional a los profesores, intervención psicológica temprana y sanciones claras para quienes protagonizan hechos violentos.
Maximiliano Vial, investigador del Observatorio Social de la Universidad del Alba, explica que “es necesario ir más allá de la gravedad que nos sugieren los resultados. Es más útil, en cambio, concentrarse en cómo estas percepciones ciudadanas ayudan a conseguir un respaldo en las soluciones que la evidencia internacional muestra como las más eficaces. En esa línea, el apoyo psicológico, la intervención temprana en familias y espacios comunitarios son importantes y la ciudadanía cree en ellas como políticas positivas, porque son soluciones eficaces que los involucran y que están dispuestos a apoyar”.
En materia de seguridad, la percepción tampoco es alentadora. Apenas uno de cada cuatro chilenos considera que los colegios son espacios seguros (20% los ubica como lugares seguros y apenas un 3,3% como muy seguros), mientras casi un tercio los evalúa derechamente como inseguros, reflejando el deterioro de la confianza en la capacidad protectora de los establecimientos educacionales.
Además, el estudio muestra un amplio respaldo ciudadano a varias de las medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentar la violencia escolar. Las agravantes penales obtienen un 77% de evaluación positiva, la coordinación entre establecimientos y policías un 73%, la nueva Ley de Convivencia Escolar un 71% y el programa Escuelas Protegidas un 69%.
Con todo, Vial destacó que “Lejos de observar una ciudadanía dividida entre “mano dura” y “prevención”, los datos muestran algo más complejo. Las personas parecen combinar ambos enfoques sin considerarlos incompatibles. Quieren, en definitiva, una respuesta integral. En este sentido, es fundamental que las autoridades sean responsables ya que enfocarse únicamente en el fortalecimiento de sanciones y medidas de control o vigilancia tiende a generar efectos contraproducentes: las personas sienten mayor inseguridad cuando les recuerdan que la amenaza sigue presente”.
Responsabilidad frente a la violencia escolar
Otro dato que llama la atención es que el 58% responsabiliza principalmente a los padres y apoderados por prevenir y contener la violencia escolar, muy por encima del Ministerio de Educación y del resto de las instituciones involucradas. El investigador señala que estos resultados revelan una forma de entender el problema que trasciende al establecimiento educacional. “Para la mayoría de las personas, la violencia que llega a las escuelas tendría su origen en procesos de socialización previos, vinculados a la familia y al contexto social. No es casual, entonces, que un 67,7% crea que la violencia juvenil no es un problema exclusivo de las nuevas generaciones, sino el reflejo de un fenómeno social que afecta a todo el país”.
Vial señala que quizás el hallazgo más llamativo es que la ciudadanía no atribuye la violencia escolar principalmente a lo que ocurre dentro de los colegios. Al consultar por los factores que más influyen en la violencia juvenil, la respuesta más frecuente apunta al entorno familiar y la crianza (42,5%), seguido por el consumo de alcohol y drogas (29%), la influencia de los grupos de pares (21,4%) y factores como la pérdida de valores, las redes sociales y el entorno territorial.
“La investigación también evidencia una diferencia entre la violencia que los adultos perciben y la que efectivamente viven los estudiantes. Mientras la ciudadanía identifica principalmente las agresiones físicas como el problema más frecuente, entre quienes han sufrido violencia durante este año predominan los episodios de violencia psicológica, como humillaciones, hostigamiento y daño emocional. Lo cual nos invita a pensar, desde el punto de vista de las víctimas, que ha cambiado la naturaleza de la violencia”, explica el investigador del Observatorio Social.
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