A las 2:40 horas de la madrugada de este jueves, el Senado concluyó el debate en particular del proyecto sobre de reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. Las y los senadores votaron cada uno de los artículos destacando la aprobación de la rebaja del impuesto de primera categoría y la reintegración del sistema; y el anuncio de varios requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC).
Ahora la propuesta con discusión inmediata, volverá a la Cámara Baja para que curse su tercer trámite. Así las y los diputados deberán revisar los cambios introducidos en el Senado. De ser ratificados, la norma queda en condiciones de ser promulgada como ley; de lo contrario, debería conformarse una Comisión Mixta para zanjar las discrepancias.
Luego de siete horas de debate en general, la Sala comenzó a eso de las 10 y media de la noche la votación de la mayor parte del articulado de la norma.
Sobre la rebaja al impuesto de primera categoría, se pidieron votaciones separadas argumentándose que la medida no asegura mayor inversión y, por tanto crecimiento. Con todo, se aprobó con 26 votos a favor y 24 en contra, que habrá una rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) para grandes empresas del 27% al 23%. El cronograma establece una reducción en 25,5% para el año 2027, 24% para 2028 y la tasa permanente de 23% desde el año comercial 2029 en adelante.
Sobre el régimen tributario de las grandes empresas y la reintegración gradual del sistema tributario, se respaldó con la misma votación anterior, lo aprobado en la Comisión de Hacienda.
En cuanto a la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años, se generó un extenso debate, en el que se votó la admisibilidad de indicaciones. En cuanto al artículo completo que contempla dicha medida y los requisitos asociados, con 28 votos a favor y 22 en contra se aprobó aquello. Al respecto, la senadora Provoste hizo reserva de constitucionalidad.
Cabe recordar que el Ejecutivo propuso -durante la sesión- una compensación al Fondo Común Municipal y a los municipios directamente pero solo se aprobó lo primero.
RESTITUCIÓN GASTOS
Respecto a la restitución de gastos a aquellas empresas, cuyos proyectos han sido revocados en una Resolución de Calificación Ambiental, el senador Alfonso De Urresti hizo reserva de constitucionalidad. Varios senadores de oposición hicieron ver que esta medida “es única en el mundo, absolutamente irregular y con fallas jurídicas evidentes”. Pese a ello, se aprobaron los artículos relacionados con 26 favor y 24 en contra. La senadora Claudia Pascual y el senador Diego Ibáñez hicieron reserva de constitucional sobre aquello.
Luego se sometió a análisis la invariabilidad tributaria, respecto de la cual el senador Juan Luis Castro y la senadora Claudia Pascual hicieron reserva de constitucionalidad. Con todo, la Sala aprobó la norma con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención.
La propuesta establece que las condiciones impositivas, se fijarán en 10 años para las inversiones de 50 millones de dólares, en 15 años a las de entre 50 y 350 millones y en 20 años para las inversiones superiores a ese rango. Habrá una tasa corporativa de un 1,5% a las empresas que se acojan a la invariabilidad.
Dentro de las normas aprobadas también se encuentran temas relacionados con la relocalización de las concesiones acuícolas y su evaluación de impacto ambiental; la reducción de los plazos de invalidación de actos administrativos; y las facultades a la Dipres para acceder a datos del Ministerio de Desarrollo Social, entre otras.
En tanto, se apoyó una indicación del Frente Amplio que se introdujo en el primer trámite, que busca terminar con la obligación exclusiva para empresas con 20 o más mujeres a entregar el derecho de sala cuna; mientras que también corrió la misma suerte norma que prohíbe el cobro de interés sobre interés. Sobre ambos temas el ministro Quiroz hizo reserva de constitucionalidad por no responder a las ideas matrices.
Dicha autoridad también hizo ver problemas en una indicación de autoría de la senadora Daniella Cicardini que fue aprobada en la Comisión de Hacienda. Esta dice relación el llamado con el derecho al olvido, por medio del cual “los responsables del tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial deberán eliminar de sus registros, internos o de comunicación a terceros, los datos personales relativos a información financiera de deudas impagas o extinguidas de personas naturales, cuando la deuda se hubiere hecho exigible o se hubiere extinguido”, lo que volvió a ser apoyado en la Sala, tras lo cual el ministro hizo reserva de constitucionalidad.
