El seremi de Gobierno del Maule, Hans Heyer, destacó los avances del plan Inspección Total al Estado, luego que el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal diera a conocer los resultados de su cuarta sesión, en la que se instruyeron cuatro nuevas investigaciones y se identificaron nuevas alertas sobre transferencias a fundaciones y contratación pública.
La autoridad regional sostuvo que estos resultados reflejan el compromiso del Gobierno por fortalecer los mecanismos de control y garantizar el correcto uso de los recursos públicos.
“El mandato del Presidente José Antonio Kast ha sido claro: fortalecer la transparencia, fiscalizar el uso de los recursos públicos y actuar con decisión cuando existan antecedentes que requieran una investigación. Este proceso demuestra que el Gobierno no solo detecta irregularidades, sino que también adopta medidas concretas para proteger el patrimonio de todos los chilenos”, afirmó Heyer.
Entre los principales hallazgos, el Comité informó que entre 2022 y 2026 se identificaron más de $5,4 billones transferidos a fundaciones que debían rendir cuentas. De ese total, más de $1,4 billones no acreditan su rendición, siendo el Sence, el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura los organismos con mayor proporción de recursos sin rendición acreditada.
Asimismo, se detectó que durante ese mismo período se crearon 177 fundaciones que recibieron más de $11 mil millones en recursos públicos sujetos a rendición. Sin embargo, cerca del 60% de esos fondos, equivalente a más de $6.500 millones, no cuenta con rendición acreditada, mientras que 79 de esas fundaciones no registran ninguna rendición.
El informe también identificó un uso intensivo del trato directo en compras públicas. En algunos organismos, más de la mitad de las adquisiciones se realizaron sin licitación pública, observándose además un aumento en las causales de “proveedor único”, “confianza y seguridad” y “emergencia”, esta última con un uso incluso superior al registrado durante la pandemia por Covid-19.
En la sesión, el Comité instruyó nuevas investigaciones en el Instituto Nacional de Deportes; la Agencia de Sostenibilidad Energética; las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a organismos ejecutores; y las compras y contrataciones del Ministerio de Salud.
Además, se revisó el avance de investigaciones ya iniciadas. Entre ellas, la denuncia al Ministerio Público por más de $14.000 millones pagados por raciones de alimentos no entregadas en JUNAEB; la regularización de más del 80% de los $30.000 millones heredados sin respaldo administrativo en el Ministerio de Transportes; la solicitud de auditorías en el Ministerio de Ciencia por más de $100.000 millones asociados al programa Becas Chile; y la ampliación de la investigación en el Ministerio de la Mujer tras la detección de nuevos antecedentes.
Finalmente, Hans Heyer reiteró que “la ciudadanía exige un Estado que rinda cuentas y que actúe con firmeza cuando existen indicios de un uso inadecuado de los recursos públicos. Ese es el estándar que este Gobierno está impulsando, fortaleciendo la fiscalización y promoviendo una gestión pública más transparente y responsable”.
