La publicación de la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable abre una nueva etapa para las políticas públicas sobre vejez en Chile. Más que ordenar un marco legal, la norma modifica la relación entre el Estado, la sociedad y las personas mayores, entendidas como sujetos de derechos y no solo como destinatarias de apoyo.
Desde la Universidad de Talca, la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y especialista en esta temática, Carolina Riveros Ferrada, explicó que el principal alcance de la ley está en el cambio cultural que propone. En ese sentido, destacó que, “las personas mayores -en gran medida- son autónomas, independientes, que quieren determinar su vida y que no sean terceros quienes fijen cuáles son sus condiciones de vida”, señaló.
La normativa reconoce como persona mayor a quienes tienen 60 años o más y organiza principios vinculados a dignidad, autonomía, independencia, no discriminación, participación, buen trato, acceso a la justicia, cuidado y envejecimiento digno, buscando superar una mirada centrada principalmente en la asistencia o la salud, para incorporar la vejez como una etapa de la vida donde deben garantizarse derechos, decisiones propias y participación efectiva.
La académica sostuvo que este giro exige cambios concretos en la forma en que funcionan las organizaciones públicas. La ley fortalece el rol del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y, según detalló Carolina Riveros, demanda “una mirada gerontológica en los organismos del Estado”. Esto implica, entre otras cosas, “considerar que las instituciones también atienden a personas mayores y que sus trámites, oficinas, incluso las ciudades deben ser accesibles para ellas.
“Entender que las personas mayores tienen determinados derechos es un gran avance, no es solamente algo programático, sino que es la evidencia de que efectivamente el derecho de la persona mayor implica transformaciones en lo social”, afirmó la académica de la UTalca.
El impacto de la ley no se limita a los organismos especializados, también involucra transporte, vivienda, justicia, atención pública, alfabetización digital y participación comunitaria. En regiones, este enfoque cobra especial relevancia, porque las respuestas deben considerar realidades territoriales diversas, desde comunas urbanas hasta sectores rurales, donde el acceso a servicios puede ser más complejo.
La ley entrará en vigencia doce meses después de su publicación en el Diario Oficial y para la académica el desafío está en cómo los derechos escritos se traduzcan en prácticas efectivas. Ese paso será clave para que el envejecimiento sea comprendido no como pérdida o dependencia, sino como una etapa de la vida con autonomía y dignidad.
