A poco más de un mes de la entrada en vigencia de la ley que regula el uso de celulares en establecimientos educacionales, el foco comienza a desplazarse desde sus objetivos hacia los desafíos prácticos de su implementación. La normativa, que prohíbe el uso de dispositivos desde educación parvularia hasta 6° básico y lo regula en enseñanza media, busca mejorar la convivencia escolar y la atención en clases, pero su aplicación ha evidenciado confusiones relevantes en las comunidades educativas.
En Chile, el 98,9% de la población cuenta con un smartphone, según datos de SUBTEL (2024), mientras que el acceso a computadores es significativamente más bajo en sectores vulnerables. Esta dependencia del celular como principal herramienta digital tensiona una regulación que, al mismo tiempo, exige el desarrollo de competencias tecnológicas en el sistema educativo.
“Uno de los errores más frecuentes es confundir tres acciones que son completamente distintas desde el punto de vista legal: regular el uso del celular, solicitar su entrega voluntaria o registrar físicamente las pertenencias del estudiante. Esto último está prohibido y puede implicar una vulneración de derechos fundamentales”, explica José Tomás Leturia, asociado de Provoste Matamala Abogados.
Entre las equivocaciones más comunes detectadas en esta primera etapa destacan la revisión de mochilas o bolsillos, la falta de actualización de los reglamentos internos, la aplicación de medidas sin distinción por nivel educativo y la ausencia de capacitación a docentes y asistentes de la educación.
A esto se suma la falta de claridad en los mecanismos de excepción, especialmente en casos relacionados con necesidades educativas especiales, condiciones de salud o usos pedagógicos, lo que ha generado incertidumbre en las comunidades escolares.
“La ley exige a los establecimientos definir reglas claras en sus reglamentos internos, incluyendo cómo se aplican las excepciones y cuáles son los protocolos ante incumplimientos. No hacerlo no sólo genera confusión y deja al colegio sin respaldo normativo frente a eventuales conflictos, sino que además puede acarrear una fiscalización y eventual sanción de la Superintendencia de Educación”, agrega Leturia.
El plazo para realizar estas adecuaciones no es indefinido: los colegios tienen hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE), incorporando medidas concretas, proporcionales y acordes a la normativa vigente.
Desde la experiencia práctica, algunos establecimientos han optado por modelos más estructurados y diferenciados por nivel.
“Cuando nos reunimos para redactar el protocolo para dar cumplimiento a la ley, evaluamos distintas alternativas y definimos que el celular, desde playgroup hasta 6° básico, está prohibido de ingresar al colegio. Desde 7° básico a 4° medio, los estudiantes pueden llevarlo, pero debe permanecer apagado y guardado en la mochila. La respuesta de los alumnos ha sido positiva y la recepción, en general, bastante buena. Nuestra idea es formar a los estudiantes y no solo prohibir, porque tienen que aprender a autorregularse. Por eso, también le damos un uso pedagógico y, una vez finalizado, deben guardarlo. Entendemos que, si bien el celular puede afectar el aprendizaje y la convivencia escolar, también constituye una herramienta pedagógica importante cuando se utiliza adecuadamente”, explica Lilian Sepúlveda, directora del Trinity College Machalí.
