TALCA. – El estremecedor homicidio de una inspectora al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama, reabrió con fuerza la discusión sobre seguridad en los establecimientos educacionales. En medio de la conmoción, volvió al centro del debate la llamada “Ley Insuco”, que busca autorizar la instalación de detectores de metales en colegios y centros de salud para prevenir el ingreso de armas.
“Lo ocurrido en Calama exige justicia, reparación y una respuesta pública seria. Precisamente por la magnitud del hecho, la discusión no puede quedar secuestrada por el impulso de ofrecer medidas rápidas, vistosas y políticamente rentables, que a la larga pueden resultar ineficaces”, afirmó el abogado y académico Rodrigo Medina.
Según el profesional, convertir el acceso a una escuela o liceo en un proceso de requisa no ataca las causas de la violencia escolar, sino que desplaza el problema y criminaliza a los estudiantes.
“Desde una perspectiva crítica, la pregunta no es solo si un pórtico detecta un objeto, sino qué tipo de escuela y de sociedad estamos construyendo cuando asumimos que la respuesta principal frente a adolescentes en crisis es tratarlos como potenciales sospechosos en la puerta de su propio espacio educativo”, agregó.
El proyecto conocido como “Ley Insuco” fue aprobado por la Cámara de Diputados en octubre de 2025 y se encuentra actualmente en el Senado. La iniciativa fue presentada por parlamentarios de la UDI, tras un plan piloto implementado por el alcalde Roberto Neira en el Instituto Superior de Comercio Tuburcio Saavedra de Temuco.
“La instalación de detectores de metales puede incluso producir un efecto comunicacional engañoso, porque facilita a las autoridades decir que ‘hicieron algo’, mientras eluden preguntas mucho más difíciles. Por ejemplo, ¿qué señales previas existían?, ¿qué capacidad real tienen las escuelas para identificar amenazas, hostigamiento o conductas de riesgo?, ¿qué apoyo reciben los equipos de convivencia escolar? El punto central es que la violencia no nace en el pórtico”, sostuvo Medina.
Un ángulo poco discutido
El jurista también observó que el tratamiento mediático del caso ha estado marcado por un enfoque estrecho, que deja fuera una dimensión cada vez más presente en la violencia contemporánea: la influencia de redes sociales, comunidades digitales e inteligencia artificial en la preparación y simulación de hechos violentos.
Como ejemplo, el abogado mencionó los tiroteos ocurridos en febrero pasado en Tumbler Ridge, Canadá, donde -según reportes internacionales- OpenAI advirtió meses antes actividad vinculada a escenarios violentos en una cuenta asociada a la autora de los ataques. Aunque en ese momento la empresa concluyó que no existía un riesgo “inminente y creíble” como para alertar a la policía, informó cambios en sus protocolos de seguridad tras la masacre.
“No se trata de reducir tragedias complejas a IA, pero tampoco sirve fingir que las tecnologías son neutrales cuando en verdad permiten ensayar, narrar y compartir violencia con una facilidad inédita, muchas veces en circuitos donde la supervisión pública es prácticamente nula. No estamos ante un videojuego, sino ante una transformación concreta de los modos en que la violencia circula, se valida y escala. Chile debe sumarse a ese debate”, recalcó Medina.
