Cuando en la discusión pública se habla de “sacar” o “poner” decretos, muchas veces el concepto genera confusión. Sin embargo, detrás de esa palabra hay una herramienta clave para el funcionamiento del Estado. Se trata, en términos simples, de una instrucción formal emitida por el Presidente de la República en materias administrativas o, en algunos casos, legislativas.
Así lo explicó Mario Herrera Muñoz, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca (CAP-UTalca), quien precisó que “en estricto rigor, un decreto lo que supone es una instrucción”. En ese sentido, detalló que existen decretos supremos y presidenciales vinculados principalmente a la administración del Estado, como ocurre cuando el mandatario instruye a una autoridad o activa determinadas competencias del Poder Ejecutivo.
Por ejemplo “los indultos están dentro de las facultades especiales en el artículo 32 de la Constitución y eso se firma a través de un Decreto Supremo, el cual requiere pasar por el Ministerio de Justicia. Cabe destacar que están reguladas las instancias en que esos indultos se entregan”, destacó el cientista político.
El académico añadió que también existen figuras con implicancias legislativas, como los Decretos de Ley y los Decretos con Fuerza de Ley. “La principal diferencia entre ambos es que los Decretos de Ley son aquellos que no requieren la aprobación del Congreso y son una facultad legislativa del presidente que pasa por encima del poder legislativo”, señaló.
“En cambio, los Decretos con Fuerza de Ley, hay muchos que son bastante conocidos. En el caso vivienda, por ejemplo, el DFL2. Este instrumento se utiliza cuando el Congreso le entrega al presidente la atribución para poder legislar sobre una materia específica”, agregó
El académico subrayó que esta forma de organización del Estado refleja “el carácter hiper presidencialista de nuestro sistema”. A ello se suman otras facultades del Ejecutivo, como la elaboración de reglamentos para aplicar las leyes o la posibilidad de vetar total o parcialmente proyectos despachados por el Congreso. “Todo ese conjunto de prerrogativas presidenciales se denominan como las atribuciones legislativas de los presidentes”, sostuvo.
Más allá de su dimensión legal, el uso de un decreto también tiene consecuencias prácticas para la ciudadanía. En el caso de los decretos administrativos, el especialista explicó que funcionan como órdenes formales que deben cumplirse y que pueden crear comisiones, activar procedimientos o definir medidas dentro del aparato estatal. “Es la manera de formalizar una instrucción a través de un documento que se tiene que cumplir porque entra a tener el mismo rango de una orden”, afirmó.
Eso sí, concluyó el especialista, es muy importante tener en cuenta que estos instrumentos no operan sin control. “Lo que sí requieren es la toma de razón de la Contraloría. Ese es un trámite que es ineludible en todo acto administrativo”, recalcó.
