El proyecto que ha estado en la palestra en los últimos días antes de la asunción del gobierno de José Antonio Kast, tiene un doble defecto, un defecto de origen y un defecto de aplicación.
En cuanto al origen del proyecto, existe hoy bastante claridad respecto a que un Senador de la República se sirvió de un texto emanado de una abogada de muchos de los recluidos en la cárcel de Punta Peuco, cuestión especialmente rechazable por la vulneración ética básica que implica que los senadores realicen su trabajo de manera autónoma o por lo menos, lo aparenten. Este procedimiento anómalo recuerda el realizado para materializar la ley de pesca, como otra expresión contundente de la influencia que ciertos grupos de interés pueden tener en la redacción de los proyectos de ley.
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En este caso ha quedado claro que, más allá de dimes y diretes, los propios condenados de Punta Peuco han redactado el proyecto que se aprobó en general.
Pero hemos aludido a dos de defectos que ponen el referido proyecto entre la espada y la pared.
En primer lugar, existe un defecto de origen, anomalía que el proyecto intenta disfrazar aludiendo a términos abstractos. Dicho de otra manera, todo sabemos a quienes está dirigido principalmente este proyecto, que intenta ocultar a estos beneficiarios en una retórica general.
En este primer punto lo que resulta especialmente chocante es la forma en que un sector político que abominó en su momento del derecho internacional de los derechos humanos, porque estimaba que esos instrumentos e instituciones vulneraban la soberanía del Estado de Chile, ahora hace uso impunemente en los antecedentes del proyecto de esos argumentos. En Derecho se dice que nadie puede ir contra de sus propios actos y eso es lo que aparece en este proyecto. No es posible que sus redactores se sirvan con tanto desparpajo y desfachatez del argumento de derechos fundamentales que siempre aborrecieron.
Pero en segundo lugar, existe un defecto que tiene que ver con la posibilidad de aplicación o el ámbito de aplicación del proyecto en cuestión. Y aquí cabe señalar que los términos ocupados son de tal vaguedad y amplitud que el peligro de una aplicación extensiva, más allá de lo razonable y prudente, es un peligro cierto.
¿A qué nos estamos refiriendo, por ejemplo, cuando el proyecto habla de que los favorecidos serán los condenados a “enfermedades mentales”? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando se alude a enfermedades que encontrándose en la cárcel su mantención en prisión acarree un “peligro para su vida? ¿Cuáles son las “enfermedades crónicas”?
Éstos son sólo unos ejemplos de estos términos ambiguos, vagos y amplios cuya definición no puede dejarse a reglamento o norma inferior alguna, máxime cuando los autores del proyecto expresan que es un error que los derechos fundamentales se regulen en normas reglamentarias.
En resumen el proyecto debe caer, ya sea porque en su origen se intenta disfrazar u ocultar un beneficio inaceptable del punto de vista moral y jurídico, ya sea porque su redacción es absolutamente deficiente y completamente insubsanable.
Por Rodrigo Medina Jara
Profesor de Derecho Penal
UST Sede Talca
