TALCA.- Después de años marcados por el duelo y la incertidumbre, una familia encontró justicia. La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia que condena a la Municipalidad de San Clemente al pago de $200 millones por responsabilidad médica, tras acreditarse una deficiente atención en un servicio de urgencia municipal que terminó con la muerte de un esposo y padre.
La causa fue liderada por el Estudio Jurídico Pinochet y Compañía, que asumió la representación con un enfoque jurídico sólido y un acompañamiento cercano a la familia durante todo el proceso. Desde el inicio, el equipo centró su estrategia en demostrar la falta de servicio y la pérdida de oportunidad médica que privó al paciente de una atención oportuna.
El abogado Matías Pinochet, quien encabezó el litigio, señaló tras conocerse el fallo: “Aquí no estábamos defendiendo un número ni un expediente, estábamos defendiendo a una persona que sufrió un daño concreto. Este fallo reconoce ese dolor y confirma que ninguna institución está por sobre su deber de cuidado. Cuando el Estado falla, debe hacerse responsable.”
Una derivación que nunca se realizó
El paciente ingresó al Servicio de Alta Resolutividad (SAR) con compromiso de conciencia y síntomas compatibles con un evento neurológico grave. Sin embargo, fue dado de alta sin una evaluación exhaustiva ni derivación inmediata a un hospital de mayor complejidad.
Horas después regresó en estado crítico. Fue trasladado al Hospital Regional de Talca, donde se confirmó una hemorragia cerebral extensa. Días más tarde, falleció.
Para su esposa e hijos, el dolor no solo fue la pérdida repentina, sino también la sensación de que hubo señales que no fueron atendidas a tiempo.
La clave jurídica: la pérdida de oportunidad
Uno de los puntos centrales del caso fue la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad médica. El tribunal estableció que, aunque no podía asegurarse con certeza absoluta que una derivación inmediata hubiese evitado el fallecimiento, sí quedó acreditado que la omisión privó al paciente de una posibilidad real de diagnóstico y tratamiento.
La sentencia fijó la indemnización en:
• $80.000.000 para la cónyuge.
• $60.000.000 para cada uno de sus dos hijos.
“El fallo reafirma que los órganos públicos deben responder cuando existe falta de servicio en la atención sanitaria, especialmente en contextos de urgencia donde cada decisión puede ser determinante”, dijo el abogado Matías Pinochet.
Para el Estudio Jurídico Pinochet y Compañía, este resultado consolida su experiencia en litigios complejos de responsabilidad médica y responsabilidad del Estado. Para la familia, en cambio, representa algo más profundo: el reconocimiento judicial de que su dolor tuvo una causa y que esa causa debía ser asumida.
